n marzo de 2013, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunció con bombo y platillo la primera sala oral en materia laboral –con video y micrófonos incluidos– en su tierra natal, Parral. En su mensaje señaló que con este nuevo sistema de justicia, los juicios durarían menos de 90 días, en lugar del año y medio actual.

Al mismo tiempo, en los mensajes del Ejecutivo chihuahuense se criticó duramente a los abogados laboralistas que representan a trabajadores, por considerar que con sus demandas ponían en riesgo las fuentes de trabajo; por ello, además de proponer el endurecimiento de las penas por delitos relacionados con este tipo de litigios, se creó la Fiscalía de Delitos Laborales. Su mensaje ha sido claro: en ocasiones se deja a las empresas en estado de indefensión, situación que se busca evitar con la creación de esta fiscalía. A partir de entonces, según denuncian los propios abogados laboralistas de Chihuahua, se ha desarrollado un ambiente de presión contra quienes hoy están obligados a conciliar los asuntos laborales, so pena de ser denunciados ante esta nueva fiscalía. El sector empresarial, obviamente, aplaudió y festejó activamente esta estrategia gubernamental en su favor, y desde entonces se ha convertido en su principal impulsor, por conducto de la Coparmex, planteando que debe hacerse extensiva a todo el país. Las centrales obreras, como siempre, están durmiendo en sus laureles.

No cabe duda de que el litigio laboral es víctima de múltiples vicios y corruptelas a las que no están ajenos algunos abogados laboralistas, quienes sostienen en ocasiones reclamos injustificados. Sin embargo, estas formas de corrupción y simulación son producto de un modelo laboral que es alimentado de forma permanente por los propios empresarios, los líderes sindicales y las autoridades. Basta señalar el gran número de renuncias en blanco forzadas, la subcontratación fraudulenta y la práctica de los contratos colectivos de protección patronal, firmados a espaldas de los trabajadores. Es obvio que estas conductas no están consideradas delitos por el gobierno chihuahuense.

La supuesta existencia de un nuevo sistema de justicia oral laboral causó cierto asombro nacional porque no se tenía noticia de que la Ley Federal del Trabajo se hubiera reformado en ese sentido y se asoció a los juicios orales existentes en otras ramas del derecho, incluida la materia civil o mercantil. En efecto, en materia penal, en 2008 se reformaron 10 artículos constitucionales para transitar hacia un sistema penal oral más eficiente, basado en los principios de imparcialidad, inmediación, contradicción, concentración, continuidad y publicidad, favoreciendo una investigación científica y objetiva, recuperando la presencia del juzgador en el proceso y reduciendo el abuso de la prisión preventiva. Por ello se aprobó un Código Nacional de Procedimientos Penales y se apoyó una transformación institucional de gran calado. Estos cambios nada tienen que ver con la experiencia de factura chihuahuense.

Al no tener sustento legal los llamados juicios orales laborales, no pueden existir cambios sustantivos sobre la práctica actual; la única diferencia entre uno y otro sistema es el uso de micrófonos, videos, nuevos escritorios y sillas. Según señalan laboralistas chihuahuenses, la carga burocrática en ese estado se incrementó, ya que las audiencias continúan reproduciéndose en escritos y se deben respetar las formalidades de la ley vigente; en otras palabras, no se están cumpliendo los principios elementales que imperan en los auténticos juicios orales, especialmente, el principio rector consistente en la imparcialidad del órgano juzgador. En las juntas de conciliación y arbitraje, federal y locales prevalece la voluntad del voto del gobierno. Si la intención fuera contar con auténticos juicios orales laborales se debería plantear una reforma legal que incluyera la existencia de jueces laborales independientes y autónomos, atributos esenciales de cualquier juzgador.

De manera inexplicable, el gobierno de Chihuahua, logró embarcar en esta aventura al gobierno de la ciudad de México mediante un llamado Acuerdo de Asesoría y Apoyo. ¿En qué lo va a asesorar?, nos preguntamos. Ojalá en el DF no se repita la experiencia chihuahuense donde se criminaliza la defensa laboral. Sin embargo, como mal augurio, los abogados patronales más duros contra los trabajadores están ya celebrando que esta nueva política siente sus raíces en la ciudad capital y proponen que la Procuraduría General de Justicia local actúe como en Chihuahua. Resulta también extraña la participación de la Organización Internacional del Trabajo en este tema, porque tiene experiencia sobrada en estos procesos y sabe muy bien que en otros países los juicios orales laborales son totalmente diferentes, y también que sin reforma legal todo se reduce a una cuestión publicitaria. Para colmo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha subido también a este barco, anunciando, para 2016, la creación de 66 salas orales laborales, lo cual significa contratar a 132 representantes obreros y patronales cuya presencia es inútil. Ello contrasta con la situación actual de las juntas que sufren una sensible carencia de recursos elementales, entre ellos, de personal jurídico. Basta señalar que sólo para la dictaminación, que es la etapa final de los juicios, se llegan a tardar hasta dos años.

Sería deseable que esta aparente locura culminara tomando en serio una reforma en el ámbito de la justicia laboral, tan necesaria hoy día, a la que se han resistido el gobierno y el sector empresarial, pues no quieren perder el control que ejercen sobre las actuales juntas. La mayoría ni siquiera ha atendido las disposiciones de la reforma laboral de 2012 en materia de profesionalización de su personal jurídico y de acceso público en Internet de sus contratos colectivos y registros sindicales.

En lugar de crear salas orales sin sentido, los gobiernos locales y federal deberían convocar a una reflexión seria y responsable para que la auténtica oralidad se hiciera extensiva a los juicios laborales; ello coadyuvaría en favor del sector productivo del país y del respeto al estado de derecho. La propuesta es acabar con la simulación.