Las leyes que supuestamente regulan a los albergues para niños sin cuidados parentales sólo se fijan en cuestiones relacionadas con las características del edificio donde éstos son internados, pasando por alto aspectos fundamentales, como el derecho de los menores a la educación y la alimentación.

Así lo afirmó Alma Meneses, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien lamentó que las autoridades mexicanas prefieran dejar en manos de particulares el cuidado de los niños y niñas más vulnerables con tal de evadir su responsabilidad.

“Las leyes que regulan los albergues infantiles lo único que hacen es normar de manera administrativa estos espacios, es decir, sólo son leyes de protección civil: ‘el lugar debe tener tal infraestructura, tantos cuartos, una cocina así y así’, pero no garantizan los derechos de los menores, porque éstos no son su prioridad”, recalcó la especialista en charla con La Jornada.

Además de lo anterior, las mencionadas normas únicamente contemplan la figura legal del albergue, sin tomar en cuenta que en muchas ocasiones estos lugares funcionan con otra modalidad, lo que deja nuevamente sin ningún tipo de supervisión aspectos como la crianza, la alimentación, la salud y la educación de las y los niños internados.

Frente a dicho escenario, subrayó Meneses, la Redim y otras organizaciones en pro de los derechos de la infancia han propuesto que se diseñe un sistema de cuidados alternativos, en el cual la retención de los menores afectados en un instituto que les impide salir a la calle sea la última de las opciones.

“Hay que generar un subsistema de cuidados alternativos para que los niños y niñas no sean ‘institucionalizados’”, explicó.