as organizaciones campesinas lo advierten: la propiedad social en el campo no se toca. Sin embargo, el gobierno sigue empeñado en atizar un conflicto que en varias partes del país ya está presente, y pareciera inminente su extensión.
Después de una reunión de dirigentes campesinos en el Senado, y una discusión en Gobernación, la respuesta de funcionarios y legisladores es la misma: las servidumbres de paso
, les llamaron entonces, y ahora las nombran ocupaciones temporales
. Su objetivo es semejante: el despojo de las tierras indígenas y campesinas. Se trata de convertir en latifundistas a las empresas trasnacionales, garantizando la seguridad jurídica de sus inversiones, a través de negociaciones asimétricas. En ellas jugará un papel central el Ejecutivo federal, que contará con las más amplias facultades para establecer las áreas de explotación y exploración, por encima de las actividades campesinas, y derechos de propiedad, de los núcleos agrarios y comunidades indígenas.
El 19 de junio, como resultado de la reunión entre autoridades y dirigentes campesinos en Gobernación, se celebró una reunión con la comisión de la reforma del campo, encabezada por la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). El secretario, por medio del encargado de los foros oficiales, rindió un informe de éstos. Tomaron después la palabra representantes de las organizaciones campesinas ahí presentes (Conorp, CAP) y dos legisladores, además del representante del gobierno de Sinaloa.
El secretario, solemne, comunicó la propuesta oficial: firmar un acuerdo marco con el Presidente de la República el 8 de agosto. Para evitar que alguien se saliera de ese marco, sometió a votación la propuesta, ante más de 25 funcionarios y los representantes de organizaciones.
Ante la ficticia consulta para la reforma del campo, convocada por el gobierno federal, el movimiento campesino respondió con la organización de sus propios encuentros de discusión y debate. Llamaron al Estado a dialogar sobre la base del respeto irrestricto a sus demandas.
En Torreón, Coahuila, se reunieron productores de maíz, frijol, sorgo, trigo, carne, leche, manzana, melón y chile. Provenían de Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Acordaron marchar juntos al Zócalo de la ciudad de México, por un precio justo para sus productos, la reducción y el congelamiento del precio del diésel, la energía eléctrica, las semillas y los fertilizantes, y para que el Estado mexicano constituya una empresa de acopio y comercialización. Los encuentros en Playa del Carmen, Campeche; Zaachila, Oaxaca, y Celaya, Guanajuato, formularon demandas similares.
Entre las exigencias planteadas se encuentran:
Primero. Aprobación de una ley general de consulta y consentimiento previo libre e informado para los pueblos y comunidades indígenas. En ella se debe establecer un sistema de salvaguardas y protección de los bosques y sus habitantes, que retome los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano para los pueblos indígenas.
Segundo. Retiro de la discusión de los artículos de la iniciativa presidencial sobre la ley de hidrocarburos en los que se establecen las servidumbres legales de hidrocarburos y las ocupaciones temporales.
Tercero. Que el programa especial concurrente sea multianual, para una planeación estratégica con resultados en el desarrollo indígena y campesino.
Cuarto. Un programa de apoyo y subsidio al diésel, el gas y la gasolina para los campesinos.
Quinto. Que las organizaciones sociales campesinas e indígenas organizadas sean consideradas organismos de interés público debido a las aportaciones que hacen campo en el desarrollo y fortalecimiento del país.
Sexto. Que se constituya una empresa de carácter estatal que actúe directamente en el mercado agropecuario y alimentario mediante regulaciones de precios y políticas públicas compensatorias tanto para el productor como para los consumidores, bajando con ello los precios de los productos de la canasta básica. Sin maíz transgénico, sin monopolios, para la plena soberanía alimentaria.
Séptimo. Libertad a los presos políticos, cuya única responsabilidad ha sido la defensa de sus territorios y sus comunidades y la oposición a megaproyectos que atentan y devastan los recursos naturales de su territorio, por medio de una ley de amnistía.
Octavo. La creación de un banco de fomento para la agricultura y el desarrollo rural con funciones de primer y segundo piso, una entidad con patrimonio propio y autonomía funcional cuya misión sea financiar la producción de alimentos básicos, promover las cadenas de valor, el desarrollo sustentable y fomentar intermediarios financieros rurales de los productores.
Saben estas organizaciones que la situación actual del país, permeada por la violencia, tanto del crimen organizado como por la desatada por el Estado, requiere de una unidad extensa; una primera propuesta es la realización de la magna movilización para este 23 de julio en la ciudad de México, así como acciones en los estados y particularmente en los puentes internacionales.
Un levantamiento campesino legítimo, pacífico y legal provocado por el intento de despojo de sus tierras puede resultar de mayor impacto político y social que el generado por las acciones originales de las autodefensas en Michoacán.
* Dirigente campesino, autor del libro El retorno: la Unión de Colonias Populares del Valle de México
