l gobernador de Texas, Rick Perry, anunció ayer el despliegue de mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México a partir del próximo mes, a fin de contener el flujo de migrantes indocumentados, en medio de un repunte inédito en el arribo de menores mexicanos y centroamericanos que se internan solos y sin los documentos correspondientes a territorio estadunidense.

El mandatario estatal, quien aspira a la candidatura presidencial del Partido Republicano para los comicios de 2016, negó que dicha medida signifique la militarización de la línea fronteriza con México. Por su parte, el jefe administrativo militar de Texas, John Nichols, dijo que sus tropas sólo se encargarán de disuadir a los inmigrantes.

Si bien es cierto que la Guardia Nacional es un cuerpo formado por voluntarios y bajo el mando de los gobernadores de los estados, se trata, a fin de cuentas, de un organismo militar, dotado de medios castrenses marítimos, terrestres y aéreos, varias de cuyas unidades ha sido desplegadas en guerras como la de Irak. Una de las significativas diferencias entre esta agrupación y las otras ramas de las fuerzas armadas –ejército, marina o fuerza aérea– reside en que las segundas tienen prohibido usar armas para hacer respetar la ley en el territorio estadunidense, en tanto que la Guardia Nacional dispone de autorización para disparar dentro del país. Por lo anterior, sería un exceso de candidez creer en la afirmación de que los efectivos desplegados se limitarán a disuadir a migrantes indocumentados, y resulta condenable que el gobierno texano pretenda minimizar el alcance de su propia decisión y escamotear a la opinión pública la gravedad de una medida que implica, lisa y llanamente, la militarización de la frontera.

Por lo contrario, la determinación de Perry es una nueva vuelta de tuerca en la política de criminalización y persecución de migrantes por las autoridades del vecino país: a partir del despliegue de la Guardia Nacional, quienes crucen la frontera texana en busca de una vida mejor deberán hacer frente no sólo a los peligros de un entorno natural inclemente, a los traficantes de personas, a los abusos de las corporaciones policiales de uno y otro lados de la línea de demarcación y al sadismo de grupos civiles racistas dedicados a la cacería humana: ahora tendrán que vérselas también con fuerzas militares entrenadas para la guerra y para la aniquilación física del adversario. Lejos de atenuar la dramática situación que enfrentan cotidianamente miles de migrantes indocumentados, ésta se hará más incierta y peligrosa.

Sin desconocer que la determinación referida forma parte del uso político que los republicanos han hecho del tema migratorio para golpear al gobierno de Barack Obama, y que el propio Perry ha dado muestras de actitudes xenófobas e intolerantes, no puede soslayarse que la responsabilidad principal por la circunstancia que padecen los migrantes –particularmente los niños– en el vecino país corresponde al mandatario estadunidense. A fin de cuentas, a poco más de dos años de que concluya su segundo periodo presidencial, Obama no ha podido cumplir con uno de sus principales ofrecimientos de campaña: una reforma migratoria; no ha hecho nada por atenuar el maltrato y la persecución que padecen los ciudadanos indocumentados en ese territorio y, antes al contrario, ha agudizado esas tendencias y ha deportado a más migrantes que ningún otro presidente estadunidense.

La llamada crisis humana en que se ha convertido el fenómeno migratorio en Estados Unidos no sería tal si la clase política de Washington, empezando por su propio presidente, asumiera de una vez por todas que no hay solución más sensata, constructiva y congruente que despenalizar la migración. Por hoy, sin embargo, y para todo efecto práctico, este fenómeno sigue siendo colocado por autoridades de ese país en el ámbito de las amenazas militares, a contrapelo de la lógica y de los principios humanitarios más elementales.