El panorama que pintan los senadores priístas y panistas es desolador. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está quebrada y no tiene forma de alzar cabeza. Si no hacemos un mercado privado de electricidad viviremos de apagón en apagón. Los subsidios no benefician a los pobres sino a los ricos. Al escucharlos, uno diría que en las últimas décadas el sector eléctrico ha sido manejado por el fantasma de Adolfo López Mateos y no por funcionarios panistas y priístas que seguían las políticas dictadas por presidentes de las mismas filiaciones.

Tuvo que llegar a Los Pinos otro mexiquense para que el presidente caballero se desvaneciera en lontananza. Hay que empezar a ver por el retrovisor los prejuicios que hemos cargado durante tantos años, dice el verde chiapaneco Luis Armando Melgar.

Seamos justos. La metáfora automovilística no resiste la inmediatez del próximo año electoral. La indeclinable fe reformadora de PRI y PAN también va a las urnas.

El dictamen de Ley de Industria Eléctrica decía, en su artículo 139: (...) el Ejecutivo federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados.

Al cuarto para las 12, sin embargo, priístas y panistas introdujeron sus reservas, entre ellas una que eliminó el párrafo arriba citado, así como otro (del artículo 71) que abría la puerta al uso de la Ley de Expropiación en los casos que la nación lo requiera. Eso no significa, por supuesto, que no habrá propietarios de la tierra afectados por los nuevos jugadores del sector eléctrico, pero lo serán en los mismos términos de la Ley de Hidrocarburos: La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbre necesarias....

Sabedores del resultado de la votación (será, en lo general, 92 a 27), los perredistas hablan en tribuna para no dejar ir solos a panistas y priístas. Y lo hacen sin preocuparse del espejo retrovisor: Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos, cita Dolores Padierna a López Mateos, por segunda o tercera vez en estos debates.

Y engarza la frase del nativo de Atizapán con esta hora: Cuando pronunció estas palabras, en 1960, el (entonces) presidente Adolfo López Mateos estaba lejos de saber que le vendrían como anillo al dedo a su paisano Enrique Peña Nieto, quien casi 54 años después ha decidido entregar a manos extranjeras y a los magnates mexicanos los principales recursos energéticos de la nación. Son las dos caras del Grupo Atlacomulco, el nacionalizador de la industria eléctrica y el privatizador que está convencido en desmantelar la Comisión Federal de Electricidad.

El objetivo principal, reitero, es que las y los mexicanos reciban en sus hogares y en sus negocios la luz de forma ininterrumpida y a un mejor precio, dice el senador David Penchyna, pasado el mediodía, cuando todavía el dictamen incluye la eliminación de los subsidios generalizados a la electricidad para focalizarlos en los más pobres.

Más tarde, durante un intercambio con el perredista Alejandro Encinas, Penchyna volverá al tema de los subsidios focalizados: Efectivamente, eso es lo que queremos, para no subsidiar a los ricos.

Un indignado Roberto Gil rechaza que el PAN quiera eliminar los subsidios, pese a que su partido lo propuso.

Así que la propuesta es retirada, con el mismo método que emplearon en el paquete anterior: dejan correr el debate y que en algunos temas las izquierdas peleen con molinos de viento, para soltar sus verdaderas propuestas unos minutos antes de la votación.

El cuadro lo completa la prisa. Si ni siquiera los legisladores, que llevan 14 meses en esta discusión, se enteran a cabalidad de los cambios de última hora, del detalle de miles de artículos, ¿cómo esperar que lo haga la sociedad?

La aprobación del primer paquete, que incluye de manera central la Ley de Hidrocarburos, ni siquiera ocupa lugar en los periódicos de la mañana del sábado porque, contra las promesas de los senadores, su aprobación ocurre al filo de las tres de la madrugada.

No vamos a sesionar en la madrugada para que todo sea de cara a la sociedad, a la nación.

Claro, se trata de asuntos técnicos muy complejos que sólo comprenden los iniciados. O al menos así pretenden presentarlos en tribuna los legisladores alineados con la reforma.

Quien se opone a las reformas está contra el progreso del país.

La mayor parte de los oradores de PRI y PAN no pretenden convencer al público –lo que sí buscan algunos de la izquierda que hablan a la pantalla y no a los otros senadores– con datos duros, sino con consignas destinadas a probar que la oposición de las izquierdas no es racional, sino que se balancea en un andamio mítico simbólico.

No se explica, por ejemplo, de dónde resultará una CFE más fuerte y sana si entrarán varias empresas privadas a competir. Tampoco cómo se cumplirá la promesa de cero despidos si, naturalmente, la empresa productiva del Estado adelgazará al tiempo que engordan las ­privadas.

Tricolores y blanquiazules, las mismas razones

La reforma o el caos. El panista Francisco García Cabeza de Vaca afirma que sin esta reforma se va a incrementar la frecuencia de los cortes de energía eléctrica. Resume las razones de su partido, que son iguales a las del PRI: el Estado mantendrá el control del suministro y los privados nos traerán nuevas tecnologías. Y el argumento favorito de los privatizadores: el Estado ya no gastará en financiar el crecimiento de la capacidad eléctrica y podrá destinar esos recursos a acciones de beneficio a la población. Por fin el Estado mexicano será rector, no propietario.

Cabeza de Vaca también pasa la pequeña factura del PAN: A partir de esta ley es responsabilidad del Ejecutivo que los precios bajen; le hemos dotado de los instrumentos.

Para los perredistas, la nueva ley pone fin al servicio público de energía eléctrica, significará el desmantelamiento de la CFE pues la desmembrarán para que los privados se animen a entrar al sector.

Se trata, además, de una ley que se redactó fuera del Senado, según dijo Alejandro Encinas, pero no para beneficiar a los mexicanos: Lo que hay aquí es un gran negocio, donde van a repetir políticas que ya fracasaron a nivel internacional; y que 30 años después, como el caso de España, llevaron a la pobreza energética a millones de ­españoles.

Penchyna exige pruebas de que la ley no se hizo en el Senado y Encinas muestra en tribuna y entrega a la prensa documentos remitidos desde la Secretaría de Energía. La huella electrónica, dice, de que su dicho es cierto.

En el debate, priístas y panistas presumen una y otra vez el nuevo órgano a cargo del sector: la Comisión Nacional de Control de Energía (Cenace). Quiere decir Comisión Nacional de Cuates de Enrique, ironiza la senadora Layda Sansores.

Según una vieja receta, el gobierno tenía que convertir los argumentos técnicos y económicos en razones que la gente sintiera vinculadas a sus expectativas: por eso las promesas de disminución de tarifas y precios. Por eso eliminaron el artículo que ponía fin a los subsidios. La pregunta es: en el futuro cercano, ya con jugadores privados, ¿el subsidio será para los consumidores o para las empresas que generen electricidad?