Ley peña de “desamortización”
de tierras campesindias

Víctor Suárez Carrera
Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

FOTO: Bren

En memoria de Arnaldo Córdova

Neoporfirismo: Hoy como ayer*

Con la restauración del régimen priista y la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) como presidente de la República, se reproducen bajo formas nuevas los mismos patrones de subordinación, entreguismo y despojo de los recursos de la Nación y de las comunidades campesindias que prevalecieron durante el porfiriato y, en parte, durante la reforma liberal.

La “primavera campesindia” en la historia de México duró muy poco: de 1910 a 1982. El derecho a ser considerados parte del proyecto nacional y a acceder a la restitución de las tierras comunales y al reparto agrario para constituir el ejido duró únicamente -con matices, restricciones y acotaciones- alrededor de siete décadas.

Salir de la exclusión, el despojo, la cuasi esclavitud, la invisibilidad y la negación de todo derecho no fue fácil: fue necesaria una revolución social y décadas de luchas ininterrumpidas para lograr el desmantelamiento del latifundio y el reparto agrario. De esta manera, más de 54 por ciento del territorio nacional pasó a manos campesindias por medio de 31 mil 500 ejidos y comunidades y 5.6 millones de hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Si a esto agregamos la existencia de 1.6 millones de pequeños propietarios, la mayoría de los cuales tiene cinco hectáreas o menos, con el 35.7 por ciento de la superficie nacional, resulta que casi 90 por ciento del territorio del país está en manos campesindias (según datos de Héctor Robles; Programa Nacional en Apoyo a los Pequeños Productores; mimeografiado; 2014).

Toda una hazaña histórica si consideramos que durante la reforma liberal (Ley Lerdo de 1856) y, sobre todo, la dictadura porfirista (Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883) se despojaron casi 50 millones de hectáreas a las comunidades indígenas y que para 1910 se tenía la siguiente estructura agraria: cinco mil 932 haciendas poseían 94 por ciento de la tierra, 32 mil 557 rancheros eran propietarios del cinco por ciento y el uno por ciento restante correspondía a las comunidades y pueblos. El 40 por ciento del área total del país estaba en manos de media docena de latifundios y tres y medio millones de campesindios subsistían como peones acasillados y aparceros (citado por Arnaldo Córdova; La ideología de la Revolución Mexicana; ERA; 1972; p. 42-43).

Ahora, en pleno siglo XXI, con la contrarreforma constitucional en materia de energía, se promulga al mismo tiempo en su artículo Octavo transitorio la versión Peña de la Ley Lerdo de desamortización de bienes de las corporaciones civiles (y religiosas) de 1856 y de la ley porfiriana de colonización y compañías deslindadoras de 1883.

Efectivamente, con la contrarreforma energética de EPN, bajo similar ideología a la porfiriana (ideología liberal-positivista-extranjerizante), se endereza una nueva ofensiva contra la propiedad social de la tierra y los recursos de las comunidad campesinas e indígenas con el argumento liberal-porfirista de que las tierras y recursos en manos campesindias son “bienes en manos muertas” y que, “si queremos progreso” deben privatizarse y entregarse a “manos vivas”, o sea, al capital energético y minero trasnacional.

Privatización y despojo vía contrarreforma energética de diciembre de 2013. El pasado 6 de enero, el presidente EPN anunció la realización de un diálogo con las organizaciones campesinas para una “gran reforma del campo” para “impulsar su desarrollo y bienestar”.

Aseguró, asimismo, “que el campo mexicano debe ser una de las mayores fortalezas del país”.

El 5 de marzo del presente, EPN anunció en Manzanillo la realización de una consulta nacional para acordar los términos de “una reforma de gran calado”, afirmando que su gobierno “priorizará el desarrollo del campo” y que “no se va a modificar el actual mandato constitucional respecto a los diferentes regímenes de propiedad de la tierra y no se busca privatizar el ejido y la comunidad”.

A partir de estos anuncios, la Secretaría de Agricultura y los gobiernos estatales han estado realizando innumerables foros estatales, temáticos y regionales y se ha constituido una “Comisión permanente para la reforma del campo” para procesar y decidir el contenido de “la gran reforma” que deberá de concluir en la firma con centrales campesinas y cámaras agro empresariales de un “acuerdo marco” en agosto próximo.

Sin embargo, más allá de los discursos, promesas y “consultas”, el hecho duro es que el presidente EPN, con el apoyo del Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos Estatales, ya decidió el contenido central de la “gran reforma del campo” con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía en diciembre pasado.

En efecto, en dicha reforma se establece que, además de entregar a compañías extranjeras la renta petrolera y el control del petróleo de la Nación, las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, así como toda la industria de hidrocarburos son actividades estratégicas y de interés social y orden público y, por tanto, tienen prioridad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo de territorio nacional. A la letra, el artículo Octavo transitorio de dicha reforma constitucional establece lo siguiente:

“Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

“La ley preverá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.”

Adicionalmente en las leyes secundarias se establece que las actividades mineras no tendrán prioridad sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, pero sí sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo de los territorios concesionados a las corporaciones mineras.

Así, vemos con claridad y sin lugar a dudas cuál es la decisión del presidente Peña Nieto respecto a su anunciada “reforma del campo de gran calado”: el campo, la agricultura, los campesinos y las campesinas, los ejidos y comunidades, las pequeñas propiedades, los pueblos indígenas, los modos de vida rurales, la biodiversidad, los recursos hídricos, los sitios históricos y ceremoniales, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, los derechos a la libertad de trabajo, los derechos a la propiedad, los derechos a la alimentación y a un medio ambiente sano NO SON ESTRATÉGICOS, NO SON PRIORITARIOS, NO TIENEN PREFERENCIA.

Ni siquiera están en un segundo orden de prioridad, porque este lugar lo ocupa la minería.

De hecho, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía de EPN se promulgan al mismo tiempo las versiones siglo XXI de la Ley Lerdo expropiación y privatización de bienes en “manos muertas” y de la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos “baldíos”.

Lo “estratégico”, lo “prioritario”, “lo de interés público y orden social” para los campesindios es que acepten romper con sus comunidades y ejidos para individualizarse, que reconozcan que ya no tienen un lugar en el proyecto nacional, que entreguen sin resistencia sus tierras y sus recursos y que migren, que se vayan, ¡sobran!

Para EPN y la agenda corporativa trasnacional, parafraseando a Porfirio Díaz, la consigna para los campesindios y en general para la población rural es: “¡Emígrenlos en caliente!”

De esta forma, EPN busca culminar las contrarreformas agrarias que emprendió Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 con la modificación al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el abandono del campo.

Con la contrarreforma agraria vía la reforma energética, EPN pretende acabar con la propiedad social de la tierra, promover su reconcentración en pocas manos, intensificar la expulsión de la población rural, debilitar la resistencia social frente al despojo de los recursos naturales de la Nación y de los campesinos y pueblos indígenas, y profundizar la dependencia e inseguridad alimentaria y nutricional del país. Lo anterior para servir a la agenda de los neo hacendados, las empresas energéticas y mineras, el capital corporativo trasnacional y a la estrategia de seguridad energética de los Estados Unidos.

Con base en estas reformas constitucionales en materia de energía, ahora se discuten las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y minería, en las que se pretende reglamentar la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias. Se pretende establecer, entre otros, procedimientos de “desamortización y deslinde de terrenos baldíos” figuras tales como: “reservas nacionales”, “servidumbre legal de hidrocarburos”, “contratos de ocupación” y de “expropiación por causa de utilidad privada” a favor de las empresas extranjeras con “asignaciones”, “contratos”, “autorizaciones” y “permisos” de exploración y explotación de hidrocarburos.

Esta es la verdadera “reforma del campo de gran calado” de EPN que ya fue con la reforma constitucional en materia de energía promulgada en diciembre pasado.

Amenazas adicionales de la “reforma del campo” de EPN. La “reforma del campo” de EPN implica adicionalmente, las siguientes graves amenazas:

1. Privatización acelerada del ejido y la comunidad, bajo el pretexto de “desburocratizar y simplificar” los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de la contrarreforma agraria salinista.

2. Profundización del modelo fallido de “libre comercio” y de subordinación a las corporaciones trasnacionales a través de las negociaciones secretas y firma del Tratado Transpacífico (TPP). Lo anterior, no obstante de 20 años de fracaso del TLCAN en la agricultura y soberanía alimentaria del país.

3. Continuidad y profundización del modelo agotado de revolución verde a través de la autorización de siembra comercial de maíz y otros cultivos transgénicos y el reforzamiento de una agricultura de agro insumos químicos, en manos de monopolios, de alta emisión de carbono y baja resiliencia frente al cambio climático global.

4. Profundización y generalización del despojo y depredación de los recursos naturales de ejidos y comunidades a través de las concesiones, expropiaciones y/o compra-venta de tierras y territorios para el establecimiento de megaproyectos de muerte: petroleros, fracking, mineros, hidráulicos, eólicos, gaseros, turísticos, inmobiliarios, etcétera, y

5. Profundización de la desigualdad en el campo y continuidad del fallido enfoque asistencialista de “combate” a la pobreza rural así como la utilización de los recursos públicos para comprar elecciones y para el control del descontento social.

Agenda inmediata de resistencia y alternativa campesindia. Hoy como ayer, la resistencia campesindia es la única vía frente a la privatización, el despojo, la exclusión, las injusticias, la carencia de libertades y de derechos humanos impulsada por la contrarreforma energética y la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias.

Frente a este gran reto histórico, diversas centrales campesinas han preferido hacer a un lado la contrarreforma del campo que ya fue y concentrarse en el “diálogo y negociación” para un “pacto rural” con el gobierno neoporfirista y para “una reforma de gran calado para el campo”.

Por su parte, el gobierno federal desvía y distrae la energía de estas centrales campesinas y está en la “mejor disposición” de negociar “dulces y curitas” a cambio que se mantenga sin cambio alguno la esencia de la Ley Peña.

Es posible que estas posiciones abonen a una nueva derrota histórica del movimiento campesino como la que se experimentó frente a la contrarreformas agraria salinista de los años 90’s del siglo pasado.

Por su parte, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) y la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, entre otros, han expresado sin ambages su rechazo a la Ley Peña de “desamortización” de tierras en manos campesindias y a la “reforma del campo” de EPN.

Asimismo, en el México profundo, desde abajo y a lo largo y ancho del país, se han desplegado innumerables movilizaciones, frentes y redes en contra de los megaproyectos de muerte y en defensa de la propiedad social de la tierra y los modos de producción, vida y cultura de las comunidades campesinas e indígenas del país.

Es posible y necesario organizarse y prepararse para una lucha larga e ininterrumpida en los próximos meses y años para detener y revertir las contrarreformas energética y del campo de EPN y de las corporaciones trasnacionales.

A continuación se propone una agenda mínima de resistencias y alternativas campesindias:

1. Rechazo a la contrarreforma energética y a la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias y sus leyes secundarias.

2. Son y deben reconocerse como actividades estratégicas, de interés público y orden social las actividades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, el manejo sustentable del agua, la preservación de la biodiversidad; los modos de producción, vida y cultura campesindios; el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país.

3. Autosuficiencia alimentaria con campesinos y campesinas, con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios.

4. Precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de cosechas.

5. Respeto a los derechos de los campesinos y campesinas y pueblos indígenas sobre sus territorios y a sus modos de producción, vida y cultura. Derecho a no migrar. Respeto a la consulta previa, libre e informada.

6. Derecho a la seguridad y a una vida buena para la población del campo.

7. Derecho a una ciudadanía plena y a la organización autónoma y autogestiva.

8. Asambleas informativas y deliberativas en cada ejido, comunidad y poblado rural para acordar el rechazo a las contrarreformas energéticas y del campo, adherirse a la agenda campesindia y acordar planes locales y regionales de resistencia y alternativa. La mejor defensa frente a la Ley Peña es la auto organización y el uso comunitario y sustentable del territorio y recursos en manos campesindias.

9. Establecer una estrategia legal integral para revertir la contrarreforma energética y frenar la privatización y despojo de tierras campesindias: consulta popular vinculatoria en 2015, acción de inconstitucionalidad, acción colectiva, amparos caso por caso, quejas ante CNDH y CIDH, etcétera, etcétera.

10. Encuentros regionales, estatales y nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida en todo el país, para confluir el 6 de diciembre en una gran movilización nacional campesina, para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos campesinos de Zapata y Villa en la ciudad de México en diciembre de 1914.

*Frase tomada del título de libro de Andrés Manuel López Obrador; Editorial Grijalvo; 2014.

La reforma del campo, ¿una amenaza? La Jornada del Campo hizo a varios dirigentes campesinos dos preguntas. ¿Considera que la reforma del campo amenaza la propiedad social y la pequeña propiedad rural? Y ¿Cómo reaccionará su organización? He aquí las respuestas marcadas con los números 1 y 2. Plutarco Emilio García Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) 1. Le dan una vuelta; en la reforma del campo están declarando que no se va a afectar la propiedad social de la tierra, pero lo harán indirectamente vía la reforma energética. Le van a dar prioridad al extractivismo con motivo de obtener petróleo, minerales y agua. Es allí donde la propiedad social de la tierra va a ser afectada. La amenaza está disfrazada. 2. Diversos dirigentes hemos comentado y coincidimos en que si no creamos un foro fuerte de resistencia y ataque por parte de las organizaciones campesinas, estaremos fritos. Tenemos la idea de ir tejiendo una red, articulando a diferentes organizaciones para que de aquí al 6 de diciembre podamos llegar todos a la Ciudad de México, aprovechando el centenario de la entrada de Emiliano Zapata y Francisco Villa con sus ejércitos a esta capital. También acudiremos a la vía jurídica, por ejemplo con recursos de amparo. Max Agustín Correa FOTO: CODICS Central Campesina Cardenista (CCC) 1. Por declaraciones hechas a principios de año por el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, en el sentido de que la reforma salinista al 27 constitucional no concluyó, pues no llevó a dominio pleno las parcelas en la propiedad social, y que a eso se debe la pobreza y la falta de productividad, y por otras consideraciones de la abogada general de la Sagarpa, Mireille Roccatti, pareciera que la intención de reforma del campo que tenía el gobierno en mente originalmente sí afectaba la propiedad social. El presidente Peña Nieto en Colima el 5 de marzo expresó su compromiso de no atentar, de no modificar el régimen de propiedad. Sin embargo, sigue latente la intención (debido a algunas iniciativas de ley presentadas por el PAN particularmente en el sexenio de Felipe Calderón y debido a la presión de empresarios para que se facilitar la adquisición del dominio pleno de las parcelas vía una modificación a la Ley Agraria). Es posible entonces que surja una iniciativa y la mayoría en las Cámaras aprueben una modificación a esta ley, que atente contra la propiedad ejidal y comunal. Pero hoy por hoy lo que sin lugar a dudas atenta contra la propiedad social y el territorio es la reforma energética. Atenta contra la biodiversidad, contra los recursos naturales, en este caso no sólo la tierra sino también el agua. También atenta contra los territorios de muchos pueblos y comunidades de todo el país, pues declara “de interés social y público” la explotación, conducción y el procesamiento de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad, incluida la producción de alimentos. Pero ante eso hay una férrea oposición de las comunidades campesinas e indígenas. 2. Hemos publicado desplegados y hemos tenido encuentros y generado declaraciones en defensa de los territorios y sus recursos. Y vamos a participar en la gran movilización social del 23 de julio. Por otra parte, la Comisión Permanente para la Reforma del Campo deberá generar en breve un documento que haga balance de todos los foros y las propuestas que se han realizado. (Junto con representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de organizaciones), yo participaré en la redacción y ese documento debería contener el acuerdo de que se respete el derecho de los pueblos, ejidos y comunidades a decidir el destino de su tierra, agua, recursos naturales y su territorio. Gustavo Sánchez Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) 1. Además de las reformas energéticas y de la preferencia que ya tiene la minería sobre otras actividades, no vemos alguna reforma específica tendiente a minar la propiedad social, pero ya con aquellas reformas es suficiente: ponen en riesgo la propiedad social y en general el tejido social en el campo. 2. Estamos proponiendo una serie de medidas de salvaguarda sociales y ambientales para que –esperamos, en el proceso de discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en la Cámara de Diputados- se incluyan en la legislación. Esas salvaguardas plantean fundamentalmente que se tiene que respetar los derechos humanos de campesinos e indígenas y de la población en general en torno a un medio ambiente saludable. Y buscamos que también se incluyan en la Ley Forestal, a fin de que las actividades petroleras, energéticas y mineras no se conviertan en el corto plazo en los principales motores de la deforestación. Se ha dicho que la agricultura, ganadería y cierto tipo de turismo propician la deforestación, pero hoy tememos que de pronto haya una etapa salvaje de aprovechamiento de hidrocarburos, instalación de presas, proyectos mineros y que todo esto sea rápidamente factor de destrucción y degradación de bosques, atentando contra acuerdos internacionales que ha signado México para enfrentar el cambio climático y para reducir emisiones por deforestación y degradación. Alfonso Ramírez Cuellar El Barzón 1. En el caso de la reforma para el campo, este es un tema que no se ha tocado. He estado no sólo en los foros sino también en las discusiones que pueden implicar la redacción de un acuerdo marco como le llaman (de la reforma del campo) y este tema (afectar las formas de enajenación de la tierra) no está contemplado. El peligro mayor en relación a la propiedad social y al conjunto de los tipos de propiedad viene por el lado de la reforma energética. En realidad la compra de la tierra para la agricultura no es algo que haya ocurrido. El atentado principal en relación a la tierra, y particularmente a la propiedad social, ha venido por el lado de las unidades habitacionales y las minas, y ahora por la exploración y explotación de hidrocarburos. Pero sé que hay una rebelión de legisladores priistas y de sectores del PRI ligados a la Procuraduría Agraria y ligados a los asuntos de las organizaciones campesinas oficiales, del gobierno, en contra de estos atentados a la propiedad social y privada en el medio rural. 2. Nos vamos a movilizar el 23 de julio. El espacio que hemos logrado articular es muy rico porque están participando organizaciones indígenas y todos los movimientos de resistencia contra los proyectos energéticos o mineros. Gerardo Sánchez Confederación Nacional Campesina (CNC) 1. Con la reforma profunda al campo lo que se pretende es hacer de los productores un campesinado con visión empresarial, con respeto al minifundio y a la pequeña propiedad, pero bajo el esquema de la organización. En las propuestas del proyecto de la CNC para la transformación del campo se ha dejado en claro que con la reforma se busca lograr que a los titulares de las más de 30 mil unidades de producción agropecuaria en el país les vaya bien y se respete a la propiedad social. Actualmente 22 por ciento de la población nacional vive en zonas rurales y de ese porcentaje el 14 por ciento se dedica a actividades agropecuarias. Del total, cerca de 16 millones de personas viven con grandes carencias, lo que ubica a muchos trabajadores del campo y a sus familias en situación de pobreza extrema. Entonces, hay que promover nuevos esquemas de comercialización, fundamentalmente la agricultura por contrato y las distintas formas asociativas que existen. Ello, sin olvidar que con su régimen de propiedad social en el campo México es ejemplo ante el mundo y por eso la CNC establece respetar el minifundio y la organización del campesino en ejidos. José Jacobo Femat FOTO: CODICS Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) 1. La mayor parte de la tierra rural es propiedad social: son 103 millones de hectáreas, y suman más de 31 mil ejidos y comunidades. Asimismo, un 25 por ciento del territorio nacional está entregado a pequeños y medianos propietarios privados. La tierra debe estar en manos de quien la trabaja y la gente que trabaja la tierra debe tener un compromiso con la nación para abastecer los alimentos que el pueblo requiere, pero también un compromiso de conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. En los foros de consulta que se realizan para la reforma del campo observamos que hay un interés por modificar el régimen de la tierra, y el gobierno quiere enmascararlo. El planteamiento principal es modificar el régimen de propiedad a partir de modificar la legislación agraria, para que sean los individuos, los ejidatarios y comuneros, los que tomen determinación en torno a la adopción del régimen de domino pleno y con ello cambiar la propiedad social al régimen privado. La reforma no busca los objetivos generales, sociales, soberanos y de protección de la biodiversidad, lo estamos ya observando ahorita. La Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) están coludidas fomentando la apertura de cientos de miles de hectáreas de cultivos en el sur sureste –en Campeche, Chiapas, Veracruz y Tabasco- para introducir cultivos no enfocados a la producción de alimentos: etanol y biodiesel, que forman parte de inversiones extranjeras cuantiosas en esos territorios. Son más de 200 mil hectáreas abiertas en esos estados a palma, jatropha y caña de azúcar, así como hule. Esto es lo que contradice el discurso oficial del presidente. La ley agraria establece actualmente que debe haber 50 por ciento más uno de los comuneros y ejidatarios para tomar decisiones trascendentales en el régimen de propiedad, incluso para poder aprobar rentas y ventas de la superficie que tienen en posesión. Pero ninguno de estos criterios ha sido respetado. De hecho se ha presionado a los ejidatarios para aceptar acuerdos favorables a las empresas. Además, la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional han sido promotores inmobiliarios al servicio de las trasnacionales. Son esas instituciones las que han estado obligando a los ejidatarios y comuneros a adoptar acuerdos de concesión de su territorio a favor de las empresas mineras, eólicas y aprovechadoras del agua, además de las empresas que construyen autopistas, que han abierto áreas al desarrollo turístico, por encima de la mayoría de los campesinos en los diferentes estados de la República. 2. Estamos preparando una gran movilización el 23 de julio con todas las organizaciones, campesinas, sociales y sindicales del país. Esperamos la participación mínima de cien mil personas para manifestar nuestro desacuerdo con las reformas estructurales. Sebastián de la Rosa Peláez Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) 1. La reforma energética está considerando la exploración y explotación de hidrocarburos como prioritaria y prevé la expropiación de la propiedad social y privada con esos fines. Así, la reforma del campo no es más que la continuidad de aquélla y por supuesto a lo que apunta es a asegurar que cambie el régimen de la propiedad; restarle facultades a la asamblea ejidal, para facilitar el paso al dominio pleno (esto es, el paso a la condición de propiedad privada de las tierras) y ejidos y comunidades van a quedar en la indefensión, pues con el dominio pleno es más fácil que el gran capital se apropie de las tierras. Para ello el gobierno federal está cocinando una iniciativa de cambios a la Ley Agraria. 2. En el marco del Frente Auténtico del Campo (FAC), que es un movimiento nacional en el que participa CODUC, nos estamos planteando una serie de movilizaciones y actos de resistencia, algunos de los cuales ya realizamos. Vamos a ir a una defensa de la propiedad social de la tierra. Cuando la discusión de estas reformas pase a la Cámara de Diputados podemos prever que la maquinaria que las favorece haga valer su fuerza numérica. Estamos buscando distintas salidas (por ejemplo una redacción de la reforma energética que proteja la propiedad social de la tierra), pero si ello no prospera, no nos queda más que la movilización social. Olegario Carrillo Meza Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) 1. Sin haber concretado aún la reforma del campo, ha habido atentados contra la propiedad social. Y todo lo que tiene que ver la reforma energética y sus leyes secundarias son una amenaza desmedida contra la propiedad, principalmente la ejidal y comunal, y esto nos preocupa porque en el decir y hacer del presidente de la República hay mucha inconsistencia. En marzo, en Colima, el presidente expresó que no se iba a tocar la propiedad social. Pero ahorita el debate en que estamos inmersos indica lo contrario: toda la maquinaria legislativa que el presidente tiene a su disposición está encauzándose a afectar esta propiedad. Creo que se van a poner las cosas muy tensas. Tenemos que defender al ejido y los bienes comunales. Incluso la UNORCA ha planteado que se tiene que hacer una contrarreforma, para regresar a su estado original el 27 constitucional, que fue modificado en 1992 por Salinas y que liberalizó la enajenación de la tierra social. 2. No vamos a avalar ningún foro, ninguna ley que ponga en riesgo la propiedad social. Exigiremos al gobierno que sea más consecuente, que tenga más respeto a los que somos parte del sector social, porque de lo contrario, pareciera rémora o discurso, pero la gente ya se está enfadando. En cualquier rato les va a dar una sorpresa.

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