El derecho de los pueblos
indígenas a tierra y territorio

Jaime Martínez Veloz Titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

FOTO: Oriana Eliçabe

Rodolfo Stavenhaguen, ex Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define en un concepto lo que representa el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio: un derecho humano; no sólo por lo que implica para la subsistencia, conservación y sustento de los pueblos originarios, sino por la relación especial que tienen con la tierra desde tiempos remotos que la ocupan, poseen, aprovechan, y que los define en gran medida como pueblos indígenas, porque tienen la propiedad social y ancestral sobre ésta.

Esa relación y unidad indisoluble entre comunidad, tierra y naturaleza representa la cosmogonía de los indígenas; el territorio es parte de su cultura y de su concepción del mundo, y es el lugar donde la estructura social de su pueblo se consolida y fortalece. Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá del simple concepto de espacio, es un todo que históricamente les corresponde. El derecho sobre el territorio está vinculado con el derecho a los recursos naturales, a su uso y disfrute, que son esenciales para su desarrollo económico y social.

Es por ello que a la par de la evolución a nivel internacional de los derechos humanos, sus doctrinas, prácticas y aplicación, de la misma manera lo han hecho los derechos colectivos de los pueblos indígenas; muestra de ello son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007; y las Normas y Jurisprudencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, aunadas a la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado mexicano ha sido de los principales impulsores de estos instrumentos a favor de los pueblos indígenas ante los organismos internacionales y con otros países.

En México también existen nuevos instrumentos que garantizan los derechos humanos: la reforma del 2011 al artículo Primero sobre la materia, que les otorga rango constitucional a los Tratados y Convenios Internacionales, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace de observancia obligatoria la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de este paulatino avance en el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en nuestro país históricamente se han presentado sistemáticas violaciones a estos derechos, en todos los aspectos: salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, discriminación, etcétera. Las violaciones de mayor gravedad son a los derechos a la propiedad y al territorio; para muestra, en los pasados cuatro sexenios, desde 1994 a 2012, se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. Muchas de éstas se encuentran sobre territorio ancestral, sin el consentimiento de los pueblos. Aunque en la actualidad otros datos oficiales nos informan que sólo existen 26 mil 823 concesiones mineras vigentes que abarcan una superficie de más de 31 millones de hectáreas, lo cierto es que una gran parte del territorio nacional ha sido utilizada por multinacionales para extraer enormes cantidades de recursos naturales.

En el periodo 2000-2012, la industria minera produjo casi 420 toneladas de oro, más del doble de las que se produjeron durante más de tres siglos de la Colonia. Del 2007 al 2012 generó una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre minería. Es decir, sólo 2.2 por ciento del valor total de la producción, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ganancia de la cual los pueblos y comunidades indígenas no recibieron nada o casi nada.

Gran parte de la actividad minera, como la de explotación de recursos naturales, la construcción de megaproyectos ajenos a los intereses de los pueblos indígenas, ha incrementado la tensión social entre las comunidades, empresas y gobierno de distintos órdenes.

El aprovechamiento y la afectación del territorio indígena por parte de empresas y gobiernos sin el consentimiento de los pueblos es la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, derivan en enfrentamientos sociales, desplazamientos forzados de comunidades, aumento de la violencia, deterioro medioambiental, y pueden llegar a causar la extinción de los pueblos originarios.

Lo anterior además de ser una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas, es una violación a sus derechos sobre sus tierras ancestrales, a sus derechos humanos y un peligro para su supervivencia, por ser el territorio el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y cultural de los pueblos indígenas.

El despojo territorial profundiza la pobreza; la realidad de los pueblos es que la población indígena en México es la que concentra el mayor índice de pobreza por sector, con el 72.3 por ciento, comparado con la media nacional (45.5 por ciento), la rural (61.6 por ciento) y la urbana (40.6 por ciento). Los indígenas son los pobres entre los pobres.

Ante la realidad histórica que enfrentan los pueblos indígenas, de marginación, despojo y empobrecimiento, el Estado mexicano tiene el reto y el compromiso de trazar una ruta para: saldar la deuda histórica con estos pueblos, el reconocimiento de sus derechos y garantizar el ejercicio de éstos. Por ello en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una de las estrategias es impulsar un Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblo Indígenas de México, cuyos instrumentos deben ser el diálogo, y el reconocimiento a la libre determinación como derecho fundamental y a la Consulta Previa, Libre e Informada.

El Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación establece en su línea 1.5.3 el compromiso de “impulsar la armonización del marco legal nacional con los Tratados internacionales en materia indígena”; esto, mediante la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley, que permitan la armonización legal.

Tenemos claro lo complejo que significa este proceso, sin embargo estamos empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos indígenas esta armonización que permita a los pueblos indígenas, tener un marco normativo, que les brinde certeza jurídica y posibilidades de desarrollo. Sólo así se podrá terminar con la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que viven los indígenas. Sólo así podremos construir un país democrático, justo e incluyente.

El saqueo es global y también las resistencias

El saqueo de tierras patrimonios es enorme pero del mismo tamaño que el despojo es la oposición que despierta. La resistencia a la expoliación territorial capitalista es hoy un fenómeno global, transclasista y multiétnico aunque se intensifica entre los pobres de la periferia y en particular entre las poblaciones originarias con quienes los saqueadores se ensañan. Según el Atlas de justicia ambiental, que para fines de 2014 había capturado información sobre cerca de dos mil conflictos territoriales en todo el mundo, alrededor de 40 por ciento de éstos involucran poblaciones indígenas y entre 15 y 20 por ciento han tenido éxito en interrumpir los proyectos agresivos, lo que es un porcentaje alentador. Sin embargo, el costo ha sido alto: un informe de la organización Global Witness, que se ocupa únicamente de acciones en defensa de la naturaleza, obtuvo datos verificables sobre cerca de un millar de ambientalistas muertos por causa de su lucha de mediados de 2013 a mediados de 2014.

En el continente americano las inconformidades se han multiplicado en los tres lustros recientes, haciendo de la defensa territorializada de bienes comunes: naturales, socioeconómicos y culturales una de las vertientes más concurridas del conflicto social del siglo XXI. En Chile la etnia mapuche mantiene su ancestral lucha por el territorio ahora mordido también por grandes empresas mineras; en Argentina los pobladores de Neuquén se oponen a la técnica del fracking que emplea ahí la Chevron; en Tolima, Colombia, se batalla contra la Anglo Gould Ashanti; fracasado el proyecto de que se compensara a Ecuador por no extraer petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el gobierno ha decidido autorizar su explotación, medida a la que se oponen organizaciones indígenas y ambientalistas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en la amazonia boliviana, comunidades y ecologistas rechazan la carretera Villa Turani-San Ignacio de Moxos; en Cajamarca, Perú, se combate contra la empresa Yanacocha; en Nicaragua, se resiste al proyecto de un nuevo canal transístmico; en el estado brasileño de Pará los ecologistas y defensores de derechos humanos se oponen a la construcción de la presa Belo Monte sobre el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo y pondría en riesgo la existencia de pueblos indígenas de la zona como los kayapó, arara, jurtuna, araweté, xikrin, ariní y parakañá; en Brasil, Argentina y otros países del cono sur, hay un movimiento contra el proyecto de interconexión del Amazonas, el Orinoco, La Plata y otra docena de ríos, y así. Atendiendo a una sola amenaza, la que representa la minería, a fines de 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hizo un recuento de los conflictos que genera, según el cual los países con mayor incidencia son Perú y Chile, cada uno con 33 confrontaciones de la población con las empresas del ramo, y Argentina y México, con 26 casos cada uno (AB).

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