l Poder Judicial de la Federación podrá ser vigilante y garante de los derechos de todos, pero no de de sus propios trabajadores. El derecho a la libre manifestación de las ideas y a la protesta en cuestiones laborales, así como el derecho a vivir y a trabajar sin acoso sexual o laboral, están siendo violentados, según denuncian las y los trabajadores de ese poder.

En menos de una semana se precipitaron las evidencias de las malas prácticas, los vicios, la inequidad, la injusticia en la casa de la justicia. El lunes 7, la sección 18 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal publicó que su secretaria seccional y 31 trabajadores más, 29 de ellos mujeres, fueron citados a la delegación de la PGR en Chihuahua para responder a una denuncia de la administración regional de dicho poder por haber realizado una manifestación pacífica, en defensa de sus derechos laborales, frente a esa oficina el pasado primero de julio.

Tres días después, un grupo de valerosas trabajadoras del mismo poder aprovecharon una conferencia de la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Majoo, en la propia sede del PJF, para denunciar los múltiples hechos de discriminación y de acoso laboral y sexual de que son víctimas por parte de jueces y magistrados. Revelaron, asimismo que se les tacha de chismosas, se les descalifica, sus denuncias son minimizadas, porque se alega que su propósito es perjudicar a sus superiores ( La Jornada, 11/7/14, reportaje de Jesús Aranda).

En otros tres excelentes trabajos del mismo reportero se documentan y detallan las múltiples irregularidades y hechos de tráfico de influencias que se dan al interior del Poder Judicial de la Federación: nepotismo en el otorgamiento de plazas, ausencia de concursos para nombrar a funcionarios, favoritismo hacia las familias de jueces y magistrados, nombramientos cruzados de los recomendados por un juzgador por parte de uno de sus homólogos y viceversa… Por más capacidad y probidad que se tengan y por más buenas calificaciones que se obtengan en los exámenes correspondientes, es prácticamente imposible acceder a la familia judicial si no se cuenta con la palanca de un juez, magistrado o ministro ( La Jornada, 7, 8 y 9/7/14).

Lo jueces y magistrados fundan los nombramientos o designaciones que realizan en el tercer párrafo del artículo 97 constitucional, que reza: Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. La interpretación que la mayoría de ellos da a este párrafo es que se trata de una facultad omnímoda, que les permite nombrar y remover a su entera discreción a los funcionarios, como son actuarios y secretarios, y a los demás empleados. De ahí también que no haya concursos de oposición para ocupar las plazas de funcionarios, y que tanto éstos como las y los empleados permanezcan en la total incertidumbre, pues en cualquier momento se les puede remover de su cargo, sobre todo si no responden a los intereses de los juzgadores o no son suficientemente cercanos a ellos.

Esto coloca a buena parte del personal en la indefensión, pues aquí no tienen jurisdicción ni las autoridades del trabajo ni las comisiones de derechos humanos.

Así pues, como revelan los casos de las trabajadoras que se han manifestado en Chihuahua y ante la relatora de la ONU en la propia sede del Poder Judicial Federal, en éste existen dos varas para aplicar la ley: una, muy larga, para nombrar a parientes, amigos, recomendados, promoverlos, ascenderlos y favorecerlos, y otra, muy corta, para exigir a los trabajadores y denunciarlos cuando protestan por la discriminación e inequidad de que son víctimas por parte de los propios juzgadores.

Si la transición a la democracia se atoró en los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Judicial parece que ni pasó. Las prácticas denunciadas por las y los trabajadores, por periodistas como los de La Jornada, muestran que aquí no hay una familia judicial, sino una mafilia, una casta de privilegiados que usan a un poder republicano para acumular más poder y más beneficios económicos para sí y para los suyos. Claro que hay honrosas excepciones, pero no logran contener ni transformar la terrible inercia estructural de la inequidad y del privilegio.

Es necesario que se reforme cuando menos el artículo 97 constitucional con criterios republicanos, justicieros, de transparencia y de rendición de cuentas, de vigilancia y de contrapesos, de respeto absoluto a los derechos humanos y laborales de todos y todas quienes ahí prestan sus servicios.

A ver cuál valiente de los que presumen de sus reformas estructurales le entra a esta.