El juzgado cuarto de distrito de Puebla ordenó el pasado martes la suspensión definitiva de la llamada ley bala, mediante la cual se pretendía dar a los policías de dicha entidad la facultad de abrir fuego contra quienes participaran en manifestaciones públicas de confrontación, señalaron diversos colectivos de derechos humanos.

Las organizaciones –reunidas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social– consideraron que este fallo sirve de precedente y ejemplo para futuras ocasiones, ya que con una medida preventiva como ésta se pone en el centro del sistema jurídico a las personas y a sus derechos, y no a los intereses de los grupos en el poder que buscan coartar la libre manifestación de las ideas.

Senadores y diputados del PRD y PT denunciaron que en Puebla se vive una crisis de derechos humanos, que se agravó con el operativo del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, donde la policía hirió a adultos y menores que se manifestaban para exigir la devolución del Registro Civil a las comunidades.

Legisladores de esos partidos presentaron ayer un punto de acuerdo para integrar un grupo plural de trabajo que indague la probable violación de derechos humanos en la entidad, pero la solicitud fue enviada por la mesa directiva a comisiones.

La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) afirmó que en la administración de Rafael Moreno Valle se vive una de las etapas más regresivas y con mayor represión hacia las comunidades.

Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan exhibieron balas de goma y botes de gases lacrimógenos utilizados por la policía, los que provocaron heridas graves a cinco personas, entre ellos al niño Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien permanece en terapia intensiva debido a que uno de esos proyectiles impactó en su cabeza.

La madre del menor, Elia Tamayo, entre lágrimas, expresó: Me siento muy presionada por el gobernador, anda buscando quién fue el responsable (de la movilización). A mi hijo le tocó una bala de goma en la cabeza y no lo atienden. A los diputados y a los senadores les pido que manden un médico. Y que suelten a mis pobres paisanos.

Como se informó en estas páginas (La Jornada 3 y 4/julio/14) los juzgados primero, cuarto, quinto, noveno y décimo de distrito, con sede en Puebla, ya habían aceptado seis solicitudes de amparo en contra de la Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza, aprobada por el Congreso de Puebla a inicios de junio.

De esta forma, se le instruía a los agentes policiacos de esa entidad para que de ningún modo hicieran uso de la fuerza contra personas que ejercieran su derecho a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta, hasta que no fueran resueltos los amparos, lo cual fue considerado como un fallo novedoso y protector por parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.