La orden de aprehensión que se giró en contra de Gastón Azcárraga fue por delitos del crimen organizado, de tal forma que la Procuraduría General de la República (PGR) sabía que ningún juez iba a admitirla y que sería muy viable tramitar un amparo, aseguró el abogado de los trabajadores de Mexicana de Aviación, Joaquín Ortega Esquivel, al precisar que para que procediera la orden los cargos debieron ser fraude genérico y administración fraudulenta.

Destacó que la PGR sólo tomó en cuenta una de las muchas denuncias que presentaron los trabajadores, en este caso la de la disposición que hizo Azcárraga de 198 millones de pesos para comprar 15 por ciento de las acciones de Mexicana y colocarlas en un fideicomiso de IXE para dárselas a los trabajadores de confianza de una de sus empresas de hotelería.

Esa acción no se clasifica como disposición de recursos de procedencia ilícita y ese cargo se aplica a la delincuencia organizada, explicó el abogado al señalar que como autoridad la PGR debe saberlo, y también las consecuencias.

No es raro lo que está pasando con la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga y el amparo promovido. No va a pasar nada, y mucho menos si él sigue bajo buen resguardo en Estados Unidos. Afirmó el representante legal de los trabajadores de tierra al señalar que las irregularidades en el caso de Mexicana han sido recurrentes durante casi cuatro años.

Detalló que de todos los delitos denunciados por los trabajadores la PGR decidió perseguir a Azcárraga por el uso de 198 millones de pesos, pero no atendió muchos otros como la venta fraudulenta de acciones de Mexicana a Tenedora K en mil pesos, ni que la compradora asumiera el compromiso de pagar deudas.

Tampoco consideró otro presunto ilícito cometido por el ex propietario de Mexicana, como la división que se hizo en seis empresas para poder usufructuar los ingresos de la Base de Mantenimiento (Mexicana MRO); o la contratación doble de servicios de software que obligaba a Mexicana a pagar forzosamente de HP, así como la venta de la torre de Mexicana en el 50 por ciento de su valor catastral.

Joaquín Ortega Esquivel puntualizó que los trabajadores de tierra, pilotos y sobrecargos denunciaron todos esos delitos ante la PGR y algunos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Las denuncias fueron en contra de Azcárraga, del consejo de administración y de sus socios, pero no fueron atendidas o se mandaron al archivo.

Destacó que a pesar de que durante casi cuatro años todos los recursos legales y laborales promovidos por los trabajadores de Mexicana no hayan sido atendidos o rechazados, se mantendrán en la lucha por recuperar su fuente de empleo y su patrimonio.