El visitador José Antonio de Anda Turati, quien inspeccionó los libros de la empresa Oceanografía a petición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), entregó un dictamen al juez rector del concurso mercantil de esa compañía, Felipe Consuelo Soto, en el que reconoce provisionalmente a 149 acreedores de la naviera, entre bancos, proveedores y entidades de gobierno.

El estudio elaborado por el visitador refiere que está plenamente acreditada la insolvencia de Oceanografía, pues sus deudas totales ascienden a 17 mil 823 millones de pesos, de los cuales 14 mil 669 millones son deudas vencidas, mientras que sólo cuenta con mil 76 millones de pesos en activos líquidos.

Uno de los principales acreedores de Oceanografía es Banamex, con 6 mil 745 millones de pesos por recuperar, así como tenedores de dos emisiones de bonos, que suman 4 mil 703 millones de pesos, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que adeuda mil 240 millones de pesos.

Según consta en el dictamen del visitador, del que tiene copia La Jornada, algunos de los principales acreedores cuentan con garantías hipotecarias sobre la flota de Oceanografía, pero no es el caso de Banamex, que prestó sin garantías y por ser dueño de casi 38 por ciento de la deuda tendrá una participación relevante en la aprobación de un convenio de restructura.

En la lista de acreedores confirmados no aparece el banco holandés Rabobank, al que en septiembre de 2013, Oceanografía le reconoció una deuda de 220 millones de euros.

El pasado 9 de julio, la contratista petrolera Oceanografía libró la inhabilitación para recibir contratos públicos a la que había quedado sujeta desde febrero pasado, cuando se conoció el fraude millonario a Banamex.

El juez Consuelo Soto declaró ese día el concurso mercantil a la empresa de Amado Yáñez, con lo que da comienzo el periodo de un año para buscar la restructura de la compañía, proceso que estará a cargo de un conciliador, o de lo contrario será declarada en quiebra.

Además, el juez decretó la suspensión de la inhabilitación que había emitido la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que Oceanografía podrá seguir operando mientras transcurre el concurso mercantil.

Esto permitirá que la naviera adquiera un atractivo para los posibles inversionistas interesados en rescatarla de la quiebra.

El SAE (que actualmente administra a Oceanografía) fue el que el 27 de junio solicitó al juez levantar temporalmente la inhabilitación, que estaría vigente hasta noviembre de 2015, y fue impuesta por entregar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 10 fianzas que no cubrían 10 por ciento de los contratos respectivos.

Asimismo, el juez Consuelo Soto también ordenó a Pemex reintegrar los montos que, a partir del 28 de febrero dedujo a la empresa por aplicación de penas convencionales en los contratos aún vigentes.