Petróleos Mexicanos (Pemex) estará sometida a un régimen fiscal que prácticamente no le permitirá obtener utilidades, debido a que la nueva ley que regirá sus actividades obligará a la empresa y sus subsidiarias a entregar, ‘‘como mínimo, el equivalente a 30 por ciento de sus ingresos después de impuestos’’ por concepto del denominado ‘‘dividendo estatal’’, para que los ingresos petroleros continúen nutriendo a la Ley de Ingresos.

Aun cuando en el artículo 97 del dictamen respectivo se indica que el monto del dividendo será definido por la Secretaría de Hacienda conforme a los estados financieros de la paraestatal, el artículo 14 transitorio señala que el mínimo a pagar a partir del próximo año será de 30 por ciento. ‘‘El nivel mínimo señalado se reducirá para los siguientes ejercicios hasta alcanzar 15 por ciento en 2021 y cero por ciento en 2026. A partir de 2027 se estará a lo dispuesto en la presente ley’’, acota dicho transitorio.

Se trata ‘‘del mismo régimen confiscatorio’’ al que Pemex ha sido sometida, advirtió el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN), en el mismo sentido que el PRD ha cuestionado que se mantiene la asfixia financiera para la empresa con objeto de declararla en quiebra.

Anticipó que su bancada en la Cámara de Diputados votará en contra del ‘‘dividendo estatal’’, porque si se acepta ‘‘las utilidades (de Pemex) serían cero; no hay manera de que tenga utilidades’’, y ello colocaría a la empresa en una situación desventajosa respecto de las trasnacionales.

‘‘Si los privados van a tener una utilidad por la operación, que también la tenga Pemex y que la reinvierta’’, declaró. Camarillo refirió que es el mismo régimen fiscal incluido en la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos vigente, que ‘‘lo cortan y lo pegan acá, exactamente igual, no le cambian ni siquiera una coma. Es un copy and paste’’.

El capítulo VI del dictamen –a discusión en el periodo extraordinario que se inicia hoy– detalla que en julio de cada año el consejo de administración de Pemex enviará a Hacienda un reporte con dos componentes: la situación financiera y de sus subsidiarias, y los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco posteriores. Este último deberá ser acompañado de un análisis sobre la rentabilidad de dichas inversiones y la proyección de los estados financieros correspondientes.

‘‘La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando la información y previa opinión favorable del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, determinará la propuesta de monto que Pemex, así como sus subsidiarias, deberán entregar al gobierno federal como dividendo estatal’’, obliga la fracción II del citado artículo.

El monto, en este caso 30 por ciento de los ingresos de Pemex después de impuestos, será incluido por el Ejecutivo en su iniciativa de Ley de Ingresos, y Pemex y las subsidiarias ‘‘enterarán el ‘dividendo estatal’ a la Tesorería de la Federación en la forma y los términos que señale Hacienda’’.