Zamora, Mich., 15 de julio.

Una intensa labor de saneamiento culminó hoy con la extracción de más de 10 toneladas de basura de La Gran Familia, la casa hogar ocupada por las autoridades el martes, en reacción a denuncias sobre abusos contra centenares de menores.

Autoridades sanitarias, médicos, personal de limpieza del ayuntamiento y defensores de derechos humanos ingresaron al lugar y confirmaron que los albergados estaban desnutridos, tenían piojos y presentan huellas de maltrato.

La Policía Federal (PF) y efectivos del Ejército y de la Procuraduría General de la República (PGR) mantienen acordonada la casa hogar, ubicada en la carretera que une la ciudad de Zamora con la vecina Jacona.

La prensa no tiene acceso al inmueble, pero desde el exterior se respira un aire fétido. A un costado del lugar hay un chiquero con cerdos.

La extracción de la basura requirió del empleo de camiones. Parte de los desechos eran alimentos en descomposición que, según testimonios, se daban de comer a los recluidos.

Al mismo tiempo, personal de la PGR revisaba hoy caso por caso las peticiones de personas que reclaman la custodia de menores internados en La Gran Familia,

Los demandantes rendían declaración y se sometían a pruebas de ADN para confirmar las relaciones de parentesco.

Con el mismo propósito, la PGR les pidió que presenten actas de nacimiento u otros documentos probatorios.

Las diligencias las realiza personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido), apoyada por químicos y empleados del área de Atención a Víctimas.

En el albergue fueron localizadas el martes, en total, 596 personas. Son 458 menores, de entre tres y 17 años de edad (282 hombres y 174 mujeres). Hay seis bebés de entre dos meses y tres años, y 138 adultos, de entre 18 y 40 años. Se calcula que más de 4 mil niños y niñas han vivido en ese lugar.

Rosa del Carmen Verduzco Verduzco (Mamá Rosa), la mujer que dirigía el albergue y está en el centro de atención de este caso, fue hospitalizada de emergencia a la medianoche del martes, horas después de su detención, por una crisis nerviosa.

La directora de la casa hogar fue llevada en ambulancia al hospital San José de esta ciudad.

La habitación de Verduzco y el exterior del nosocomio quedaron bajo resguardo de agentes de la PF.

Cerca de la medianoche del martes, paramédicos y bomberos de Zamora y Jacona bajaron de un camión de la Policía Estatal colchonetas y cobijas para los menores, quienes, según las propias autoridades, dormían en el suelo entre ratas y cucarachas.

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, informó que ordenará una revisión de todos los albergues del estado para confirmar que se cumplan las normas, sin que se trate de una cacería de brujas.

En entrevista con una radiodifusora local, Jara dijo que abordó el caso la semana pasada con el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, con quien examinó las denuncias.

Sostuvo que cuando los agentes de la PF entraron al albergue los niños desayunaban comida descompuesta.

El secretario de Salud estatal, Carlos Aranza Doniz, informó que envió médicos y enfermeras a la casa hogar para atender a los menores recluidos y dijo que en las próximas horas se presentarán los diagnósticos sobre sus condiciones físicas y mentales.

La alimentación en el albergue hoy estuvo a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y municipal.

La presidenta municipal de Zamora, la panista Rosa Hilda Abascal, manifestó que ella estuvo en el lugar el pasado 6 de enero, pero no se percató de los abusos.

En Guadalajara, Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, recordó que en 2011 presentó ante autoridades estatales un listado con 200 nombres de niños de Jalisco, que el Consejo Estatal de Familia de esa entidad, bajo la dirección de Claudia Corona Marseille, había entregado directamente a La Gran Familia.

La entrega ocurrió durante el gobierno del panista Emilio González Márquez.

Estrada dijo que, acerca de este caso, presentó quejas en 2011 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero no hubo resultados.

(Ernesto Martínez y Mauricio Ferrer, corresponsales; Ignacio Juárez, de La Jornada Michoacán, y Agencia Esquema)