Naucalpan, Méx., 16 de julio.

Integrantes de 15 familias que fueron desalojadas de la comunidad El Castillo, ejido de San Francisco Chimalpa, por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para exigir que no se aplique la multa de 3 millones 700 mil 950 pesos que impuso a cada uno la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México (Propaem), que los acusa, sin pruebas, de rellenar parte de una barranca contigua al trazo de esa obra.

Tenemos documentos de 2005 donde el comisariado ejidal firmó la autorización para rellenar la barranca cerca de donde estaban nuestras casas. Los posesionarios no fueron, argumentó Germán Rodríguez Asencio, abogado de los afectados por la demolición de casas y negocios en una franja del kilómetro 9 de la carretera Naucalpan-Toluca.

El martes por la tarde, el abogado y un grupo de inculpados acudieron a la segunda sala regional del TCA, donde presentaron la querella 7993/2014 contra la Propaem por imponer una multa que viola las garantías individuales de los afectados.

Expuso que la Propaem no puede demostrar que los vecinos rellenaron parte de la barranca contigua al predio que habitaron hasta el 30 de mayo de este año, y que existen pruebas de que el comisariado ejidal autorizó dichos trabajos.

El 30 de mayo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) protegieron la demolición de los inmuebles de los demandantes, en el kilómetro 9 de lo que será la nueva carretera Naucalpan-Aeropuerto.

Tres días después del desalojo, el 3 de junio, la Propaem impuso a los desplazados las multas de 3.7 millones de pesos, que deberán pagar este jueves.