Especialistas, ex funcionarios de gobierno, advirtieron ayer sobre los riesgos y omisiones en las propuestas de leyes secundarias de la reforma energética.

Acompañados por representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, enfatizaron, entre otros puntos, sobre las imprecisiones para el otorgamiento de contratos y licencias, así como del retroceso que en materia ambiental traerá la reforma.

Durante el foro denominado Análisis jurídico y económico de la ley secundaria en materia energética, coordinado por el senador Manuel Camacho Solís, y en el cual participaron cuatro integrantes del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el embajador Jorge Eduardo Navarrete señaló que la reforma no garantiza que el Estado pueda ejercer su rectoría sobre el sector energético y, en especial, sobre la industria petrolera.

No lo garantiza, dijo, porque los objetivos instrumentales que se persiguen tienden al aumento innecesario de los volúmenes de extracción y producción de crudo, que tienen que ver con la atracción de inversión extranjera.

En tanto, Francisco Javier Alejo, ex secretario de Estado, manifestó que en ninguna parte se define el contrato de licencia, lo cual conduce a pensar que en realidad se trata de una forma disfrazada para introducir las concesiones expresamente prohibidas en la Constitución, conforme a su texto nuevo, ya vigente.

Indicó que preocupa que sin participación del Congreso se decidan, caso por caso, las contraprestaciones aplicables a los contratos, bajo el arbitrio de la Secretaría de Hacienda y sin definición clara de umbrales de aceptabilidad.

El ex secretario de Patrimonio Nacional expresó que se prevén negociaciones de los términos de contratos, posteriores a las licitaciones y que el Estado estaría compartiendo una proporción excesiva del riesgo exploratorio y de explotación con las compañías trasnacionales, o sea, precisamente lo que se quería evitar con la reforma.

Por su parte, Ramón Carlos Torres, ex director general de Energía y Actividades Extractivas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como ex coordinador Ejecutivo de Planeación Petroquímica y Gerente de Promoción Industrial en Pemex, enfatizó sobre los riesgos ambientales que traerá la reforma.

En el salón Heberto Castillo del Senado advirtió que se apunta a restringir la regulación ambiental del sector de hidrocarburos a la protección y, dentro de este concepto, a la prevención y evaluación de riesgos”, lo que significa un retroceso de 25 años a la política ambiental de México, que lo colocaría a la zaga de casi todos los países. Subrayó que se omite la definición de protección ambiental.