El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó este lunes en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra el magistrado suspendido Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de justicia que favorecieron a integrantes de la delincuencia organizada, y otra contra el ex magistrado Jorge Figueroa Cacho, acusado de tener ingresos ajenos a su encargo.

El pasado 10 de julio la Judicatura decidió suspender a Figueroa Cacho e inició un procedimiento de responsabilidad en su contra pues fueron detectadas operaciones bancarias inusuales por casi tres millones de pesos, las cuales no se vieron reflejadas en su declaración patrimonial.

Un día antes, el CJF también inició un procedimiento de responsabilidad contra Luna Altamirano, quien desde 2012 se encuentra suspendido, por probables vínculos con el crimen organizado.

Los hechos que le imputan al ex magistrado Luna ocurrieron cuando era titular del tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, mientras los de Figueroa se registraron cuando se desempeñó como responsable del quinto tribunal colegiado en materia civil de Jalisco.

Este lunes, mediante una amplia nota informativa, el CJF precisó que acusó a Luna de posibles conductas de delito en la tramitación y resolución de 12 apelaciones y juicios de amparo, así como por movimientos bancarios injustificados.

Indicó que después de una investigación de dos años encontró presunta falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en los juicios de apelación identificados con los números 57/2008, 136/2009, 95/2010, 451/2010, 21/2011 y 446/2011, así como en los juicios de amparo 19/2009, 44/2009, 3/2009, 19/2011, 5/2011 y 25/2011.

La Judicatura precisó que en la declaración patrimonial del 2010 Luna refirió la donación de una propiedad ubicada en la delegación Coyoacán, con valor de 4 millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas. Sin embargo, en el apartado destinado a señalar el valor de la operación no lo marcó como Cero, así como tampoco en el respectivo al valor catastral o comercial.

Esas circunstancias pudieran representar un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a las operaciones inmobiliarias, el cual consiste en que el servidor público o sus personas relacionadas pueden adquirir propiedades registrando un valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor, justificando así sus ganancias y dándoles la apariencia de licitud, destacó el CJF.

La denuncia contra el magistrado Figueroa Cacho es porque recibió a su nombre tres cheques que suman un millón 792 mil 250 pesos, provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro. Además, porque el 1º de octubre de 2012 recibió mediante endoso en propiedad a su favor, otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con apellidos diferentes, por un total de 855 mil 652 pesos, librados por otra empresa dedicada a la venta de metales finos.

También le detectaron 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por 2 millones 869 mil 205 pesos y a cinco de sus familiares les ubicaron 357 depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por 6 millones 175 mil 618 pesos.