La relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ayer el informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios, el cual señala que en el periodo 2010-2013 en esta región se han producido, con frecuencia alarmante, acciones violentas contra los profesionales de la información, y se ha incrementado el asesinato de comunicadores, así como las amenazas y ataques contra ellos.

A la par, se ha generado un fenómeno de autocensura como única forma de autoprotegerse por parte de estos trabajadores, apunta el informe presentado por la relatora Catalina Botero.

Indica que en el caso de México, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe superar a la mayor brevedad los obstáculos que se han presentado para disponer de recursos económicos, ya que ésta sesionó por primera vez en julio de 2012, y hasta octubre de 2013 se transfirieron recursos federales para este fideicomiso.

Para la relatoría especial, dicha ley mexicana se encuentra en su etapa inicial de implementación, pero es importante resolver algunas cuestiones pendientes para garantizar su efectividad.

Por ejemplo, señala que se deben tomar las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal para la operación adecuada de las tres unidades técnicas auxiliares; garantizar que los estudios de riesgo y medidas urgentes de prevención se lleven a cabo de manera adecuada, y que las acciones de protección a periodistas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales inconformidades.

También apunta que las iniciativas de diversas entidades de la Federación mexicana para establecer mecanismos de protección a periodistas en riesgo deben contar con los marcos jurídicos que permitan una coordinación efectiva con el esquema federal de protección y cumplan con los estándares internacionales.

Además expone que la evaluación de dichos mecanismos estatales dependerá de su eficacia para disminuir la violencia contra periodistas.

En términos globales, según la CIDH, en la región lo que se requiere es que los estados tomen medidas concretas cuando los periodistas se enfrentan a un peligro real e inminente; establezcan programas de protección especializada cuando la violencia contra estos profesionales esté extendida; estén obligados a investigar, juzgar y sancionar penalmente los actos violentos y a quienes los cometan, y que en situaciones de conflicto armado den especial protección a quienes cubren dichos eventos, entre otros.

Dicha ley, agrega, representa una importante manifestación del compromiso del gobierno mexicano sobre el tema, pero debe contar con personal estable en sus puestos y en constante capacitación, junto con un fuerte respaldo político.

El documento se presentó en un foro virtual organizado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en el que también participaron representantes de organizaciones de periodistas, como Artículo 19, de Brasil; Foro de Periodismo Argentino; Libre Honduras, e Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Este último señaló que el Estado debe garantizar la integridad de los periodistas en las coberturas de manifestaciones sociales, como las ocurridas en su país.

En tanto, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) indicó que actualmente México es el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo. Carlos Lauria, en representación de esta organización, expuso que en la década reciente el crimen organizado ha provocado una violencia letal en América Latina, y en este contexto la cobertura periodística ha estado amenazada de manera creciente, por lo que la profesión se ha convertido de altísimo riesgo, sobre todo en Centroamérica, y específicamente en territorio mexicano, así como en naciones como Brasil.

Al término del foro, representantes de las organizaciones Periodistas de a Pie, Artículo 19-sección México y del Cencos señalaron que en México, en lo que va del presente año, ya se superó el número de agresiones contra periodistas que se registró en 2013.

Precisaron que ciudades como el Distrito Federal también ya forman parte de las estadísticas de violencia contra el trabajo de los informadores, y que hay una falta de resultados en los crímenes cometidos contra periodistas en diversos estados del país, ya que no hay protocolos de investigación y en los crímenes de comunicadores los gobiernos se limitan a decir que fueron por cuestiones personales, dejando en la impunidad los casos.