El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó que en la reforma energética se incorporen procedimientos para revocar o rescindir contratos, que posibiliten solventar el incumplimiento detectado y un mecanismo que permita finiquitar las inversiones realizadas.

En su mensaje semanal el organismo cúpula del sector privado pidió también que se incluyan disposiciones aplicables al financiamiento de los proyectos y revisar procedimientos de autorización de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para que no se retrasen o entorpezcan innecesariamente las actividades de los contratistas.

Indicó que una vez concluido el ciclo legislativo de la reforma de telecomunicaciones y la radiodifusión, toca el turno de definir el paquete de legislación secundaria en materia energética, que consideró el expediente más urgente en el Congreso de la Unión, y prioritario en la agenda económica de México.

Para ello consideró crucial la revisión técnica a detalle de las leyes secundarias, ya que los proyectos de ley presentados son congruentes con la reforma constitucional, pero existen aspectos que pueden perfeccionarse y otros corregirse o precisarse.

Certeza jurídica y claridad

Indicó que lo fundamental es que el marco legal ofrezca certeza jurídica para todos los actores del sector, a través de la claridad en sus disposiciones, y que se apegue al principio de equidad, a fin de que haya una competencia real en la cual participen Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con la iniciativa privada.

Sobre el transporte de gas natural, la cúpula empresarial consideró que debe garantizarse que el Cenagas sea efectivamente el administrador y gestor de la capacidad de transporte presente y futura, incluyendo los puntos de internación al país, además de que se debe afianzar la independencia de este organismo, evitándole conflictos con otras instancias y las empresas del Estado.

Añadió que contando con el involucramiento de la Cofece y la CRE, se deben dejar claros los límites y la regulación de la participación de Pemex y la CFE en el desarrollo de gasoductos para evitar que tengan una ventaja anticompetitiva.

En cuanto a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, consideró fundamental que los contratos se liciten considerando un balance adecuado entre riesgo y ganancia, privilegiando la competencia y eficiencia de las inversiones.