El representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Thomas Lothar, advirtió que el tránsito de personas es una realidad inevitable y que lejos de ser un fenómeno negativo, puede constituir una oportunidad de crecimiento mutuo.

La OIM recomienda un nuevo modelo para la gestión integral de los éxodos mediante el fortalecimiento de las instituciones, la protección de los derechos humanos y la armonización de políticas públicas en beneficio del migrante y su familia.

Los estados por sí solos no pueden llevar las acciones en temas de migración, se necesita la participación de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad de organismos internacionales, dijo en la Secretaría de Gobernación (SG) durante la presentación del libro Perspectivas globales sobre migración y desarrollo.

El más reciente corte estadístico de la SG indica que durante el primer semestre de este año han sido presentados ante la autoridad migratoria 55 mil 601 personas, de las cuales fueron deportadas 53 mil 553. Del total, más de 11 mil eran menores de edad. En ambos casos, la mayoría eran hondureños.

Sin embargo, el número de extranjeros que cruzan México con la intención de llegar a Estados Unidos es mucho mayor. Las autoridades de la SG calculan que casi 250 mil indocumentados –la mayoría centroamericanos– cruzan por el país hacia el norte.

La SG aseveró que trabaja para garantizar el funcionamiento de albergues y estancias migratorias que reciben extranjeros.

La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Mercedes Guillén Vicente, dijo que el Programa Frontera Sur busca garantizar los derechos humanos de quienes la atraviesan y elevar el control fronterizo que desaliente la entrada de indocumentados. Para México es de vital relevancia la concertación bilateral, porque es una oportunidad para impulsar la agenda global de desarrollo en temas de migración, comentó.

Según el Instituto Nacional de Migración, perteneciente a la SG, se realiza la capacitación sobre protección a la infancia a agentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

En total han sido capacitados 419 funcionarios de esos países en cómo replicar el modelo para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados no acompañados.