Para la votación en comisiones de los dictámenes de las 17 leyes secundarias de la reforma energética, que se inicia este lunes, PRD y PAN tienen reservados en su totalidad los más de más de 800 artículos que las integran, aunque la discusión se centrará en los más controvertidos, entre los que están los que permiten el despojo de tierras comunales, ejidales, privadas e incluso públicas, en favor de las empresas nacionales y extranjeras a las que junto con el contrato o concesión para explotar el petróleo se les dará la declaración de utilidad pública, para que puedan ser expropiados.

Aunque el PAN reservó la totalidad del articulado, a través del senador Jorge Luis Lavalle anunció que van a retirar la mayoría y sólo propondrán modificaciones a algunos artículos. Uno de ellos para retirar la figura de expropiación de la ley de hidrocarburos.

Adelantó que no habrá expropiación, y se dará a los propietarios de predios afectados la posibilidad de que acuerden con las empresas extranjeras rentar sus tierras, ser contratados como empleados de las mismas o un porcentaje de las ganancias que se obtengan de la explotación de petróleo.

Esa salida es compartida por los senadores del PRI, incluso por los del sector rural, aunque los legisladores, entre ellos el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez, no han querido hacer comentarios.

En cambio, los perredistas no están de acuerdo, ya que consideran que es un esquema similar al que se dio antes de la expropiación petrolera, en el que los dueños de la tierra se convertían en peones acasillados de las petroleras extranjeras, comentó el senador Alejandro Encinas.

La bancada de Miguel Barbosa propone cambios a los artículos 91, 95 y 102 de la ley de hidrocarburos, al artículo 33 de la ley de órganos reguladores del sector energético, y al artículo 4 de la ley de energía geotérmica, en los que se establece el esquema que deja en el desamparo a ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, al obligarlos a una libre negociación con las trasnacionales o las empresas nacionales.

La senadora perredista Dolores Padierna resaltó que la reforma no sólo significa la pérdida de soberanía energética, sino también un golpe al derecho de propiedad privada, comunal e indígena.

Advirtió que de la ley de hidrocarburos debe salir la expropiación, pero también las disposiciones que reincorporan en el país las tiendas de raya y la esclavitud como servidumbre, al establecer que los pagos a los propietarios de tierras, bosques y aguas, que serán explotadas por las petroleras, puedan ser en especie o compromisos de contratación para él o sus familiares.

Se incluyen también, dijo, promesas de la contratista de que formarán parte de proyectos y desarrollos en la comunidad o localidad.

El artículo 91 de esa ley precisa que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo. Se impondrá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de terrenos. La contraprestación que recibirán será proporcional a las necesidades del contratista.

El PRD se reservó también los artículos 41 y 42 de la ley de hidrocarburos, en los que se faculta al Presidente de la República para establecer zonas de salvaguarda en áreas que por sus posibilidades así lo ameriten. Se trata, expuso, de las áreas del territorio nacional y mar patrimonial, en las que se explotarán yacimientos de petróleo o gas, y de las que el Ejecutivo federal podrá disponer del cien por ciento del territorio nacional y el mar patrimonial.

Los perredistas propondrán que se modifique de la ley de hidrocarburos la mayor parte del articulado que se refiere a los contratos de riesgo para trasnacionales y consorcios nacionales y los muchos incentivos que reciben. De la ley de Pemex y CFE (Comisión Federal de Electriciadad) el esquema que avanza al desmantelamiento de ambas empresas y pone su infraestructura a remate.

Insistirán en que se modifique el artículo 2 de la ley de Pemex y el 2 de la ley de la CFE, en los que se les define como empresas productivas propiedad del gobierno federal, para precisar que son propiedad del Estado.