Plantea créditos para personas que laboran en el sector informal
Domingo 13 de julio de 2014, p. 23
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvo que en México casi 60 por ciento de sus residentes urbanos perciben ingresos del sector informal
y aún así tienen recursos para adquirir una vivienda o mejorar la que ya tienen.
El país, sostuvo, reporta déficits cuantitativos y cualitativos en vivienda que afectan aproximadamente a 35 por ciento de los hogares; es decir, faltan viviendas y las que existen no cumplen con normas mínima de tamaño y calidad, así como acceso a servicios, pero consideró que ello se convierte en una importante y atractiva oportunidad de negocio
para el sector privado.
A nivel de América Latina y el Caribe, alrededor de 40 por ciento de los hogares o más de 58 millones de familias tienen necesidades habitacionales, incluídas las personas sin hogar y quienes residen en una vivienda irreparable, sin título de propiedad, acceso a agua potable o instalaciones sanitarias, materiales de construcción apropiados o espacios insuficiente.
De 130 millones de viviendas urbanas en la región, el BID puntualizó que 5 millones alojan a otra familia, 3 millones son irreparables y 34 millones carecen de títulos de propiedad, acceso a agua o drenaje, pisos adecuados o espacios suficientes.
Concentra el país 28% del mercado
Por si fuera poco previó que en 2015 aumentará 10 por ciento el número de hogares que requieren vivienda nueva o mejorada con un estándar mínimo de vida. Ello, abundó, mantendrá constante la demanda por parte de la población de bajos ingresos, a la que que denominó base de la pirámide (BDP)
, calculada en 360 millones de personas en toda la región que ganan menos de 272 dólares mensuales per cápita y a quienes tradicionalmente han ignorado los mercados de la vivienda tradicionales
.
En el caso de México, los mercados de la vivienda para la población con menores recursos (la BDP) alcanzan un gasto anual de 16 mil millones de dólares anuales, cifra que representa 28 por ciento del total a nivel regional y el doble del registrado en Brasil o Colombia, aseveró el BID en una investigación que forma parate de su iniciativa Oportunidades para la Mayoría. Con ella promueve modelos de negocio comercialmente viables
con el sector privado, gobiernos locales y comunidades, mediante financiamientos en 18 países de América Latina y el Caribe en los sectores de salud, educación, vivienda y servicios financieros y a la fecha ha financiado 11 proyectos de vivienda en América Latina, incluido México, que concentran 25 por ciento de su cartera total de créditos.
El banco regional insistió en que las familias caribeñas y latinoamericanas anhelan y tienen la capacidad económica para realizar el pago inicial y las cuotas mensuales requeridas para adquirir una vivienda terminada e incluso pueden sufragar un préstamo para su construcción o mejoramiento, pero siempre y cuando los productos financieros se diseñen considerando su realidad, que incluye informalidad laboral o salarios bajos, falta de garantías propias y un ingreso fluctuante
.
Esta población invierte 56 mil 700 millones de dólares cada año en vivienda, lo que demuestra su poder de compra y su compromiso para mejorar sus hogares, así sea en vecindarios o asentamientos irregulares en periferias urbanas. Los grandes mercados de la vivienda de esta población es el segundo más grande del mundo, sólo superado por Asia, y con inversiones anuales de casi 56 mil 700 millones de dólares.
Sólo una inversión de por lo menos 310 mil millones de dólares cerraría la brecha de vivienda actual en la región, es decir 7.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la zona
, calculó el BID.
Sin embargo, también alertó que la informalidad en el sector, referente a la propiedad del terreno, prácticas incorrectas de construcción e ingresos de las familias limitan o generan fallas en el mercado de la vivienda, pero, manifestó, éstas pueden servir al sector privado para que elabore estrategias para ofrecer viviendas completas a bajo costo (terreno, título e infraestructura básica) o soluciones progresivas de compra y regularización de terrenos o mejoras en infraestructura.