Desde el jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio respuesta y atendió la denuncia de acoso laboral que presentó una trabajadora ante Rashida Majoo, relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. El caso se turnó al Órgano Interno de Control y está en el interés del máximo tribunal ser un ejemplo en el trato a sus trabajadores, sobre todo en temas como este que son particularmente dolorosos, afirmó Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la presidencia de la Corte.

En tanto, Alma Rosa Colín, de la organización civil Equidad de Género, señaló que el acoso laboral y hostigamiento sexual es un problema añejo, presente en todas las instituciones y dependencias de gobierno, el cual no se resolverá de la noche a la mañana. Aunque ya existe un marco legal y la infraestructura para garantizar la equidad de género, se requiere fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, en particular las mujeres, advirtió.

La activista señaló que el fortalecimiento institucional con perspectiva de género debe ser un proceso gradual, pues persisten prejuicios e ideas tradicionales que vulneran los derechos de la población femenina. Lo primero, dijo, es apostarle a la capacitación de funcionarios.

Al referirse a la denuncia expresada el pasado jueves durante una reunión con la relatora de Naciones Unidas, Colín explicó que la SCJN cuenta con un mecanismo que procura la igualdad de género en su interior; el problema es que la discriminación y el hostigamiento laboral no es algo que se pueda erradicar fácilmente.

Reconoció el valor que tuvieron las mujeres para alzar la voz, porque uno de los obstáculos que enfrentan las víctimas es la falta de credibilidad. Asimismo, recordó que desde 2011, la Constitución recoge los instrumentos internacionales de derechos humanos y existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que este tipo de denuncias pone en evidencia es que las reformas legales son insuficientes si dentro de cada institución y dependencia no existe un mecanismo de atención y respuesta inmediata a las denuncias de las víctimas.