El magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien enfrenta un procedimiento de responsabilidad ordenado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aseguró que nunca, jamás he tenido un nexo ni vínculo con el crimen organizado. Ni siquiera los conozco, más que por los expedientes.

En entrevista radiofónica con la periodista Carmen Artistegui, afirmó que no ha recibido recursos procedentes del narcotráfico y que los inmuebles de su propiedad los adquirió por sus ingresos como magistrado, labor de la cual fue suspendido desde mayo de 2012 sin goce de sueldo.

El pleno del CJF declaró, el pasado jueves, agotado el proceso de investigación administrativa contra Luna Altamirano que inició en 2012, y ordenó la apertura del procedimiento de responsabilidades, pues no sólo se detectaron movimientos bancarios inusuales en sus cuentas por casi 3 millones de pesos, algunos realizados en dólares, y el depósito a familiares de 2 millones adicionales, cuyo origen se desconoce, así como viajes a naciones de Centro y Sudamérica, entre ellas Colombia.

El órgano del Poder Judicial, responsable de la vigilancia de los juzgadores, también detectó inconsistencias en el trámite y resolución de diversos asuntos en el tribunal unitario al que estaba adscrito, lo que denota falta de profesionalismo, imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en la sustanciación y resolución de tocas penales y juicios de amparo de su conocimiento, al conceder ventajas indebidas a alguna de las partes, así como actos irregulares en los mismos.

El magistrado Jesús Luna Altamirano, en imagen de archivoFoto María Meléndrez Parada

Sin embargo, insistió en que los viajes a Colombia –al menos 50 entre noviembre de 2007 y agosto de 2008– fueron porque, a través de una agencia matrimonial, acudió a conocer una posible pareja. Quería conocer a una buena mujer y hablaban maravillas de las de Pereira, de Medellín, y recalcó que su esposa es colombiana.

Luna Altamirano cobró notoriedad pública en 2003 al conceder la extradición del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, pero también por haber exonerado del delito de genocidio al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, y de otorgar la libertad a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, caso del que, dijo, no se le encontró absolutamente nada.

En el caso de la Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, agregó que yo no la absolví, sólo confirmé la sentencia de un juez de tribunales federales.