Las empresas que se encuentran en concurso mercantil, como Oceanografía y constructoras de vivienda como Urbi, Homex y Geo, tienen mayores facilidades para negociar con sus acreedores y evitar su quiebra, porque a diferencia de lo que ocurrió con Mexicana de Aviación estas compañías sí cuentan con el respaldo del gobierno federal, además de que se verán favorecidas con las nuevas disposiciones –la Ley de Concursos Mercantiles y de la reforma financiera– que entraron en vigor este año, coincidieron en señalar abogados especialistas en derecho civil y mercantil entrevistados por La Jornada.

Marco Antonio Morales Ramírez y Jorge Calderón Gracia, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mencionaron que las nuevas disposiciones legales permitirán a Oceanografía y a las constructoras tener algunos beneficios, como créditos de emergencia para que puedan seguir operando, situación que no se daba antes de la reforma a esta ley.

Mexicana de Aviación no quiso ser apoyada por el gobierno federal (encabezado por Felipe Calderón), pues más bien le interesaba desaparecerla. Ahora las cosas son diferentes y la actual Ley de Concursos Mercantiles y la reforma financiera tienen la encomienda de facilitar las cosas a las empresas que caigan en algún supuesto jurídico de insolvencia, indicó Morales.

El pasado miércoles, el juez federal Felipe Consuelo Soto resolvió declarar en concurso mercantil a Oceanografía y ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) suspender la sanción administrativa contra esa compañía, que le impedía participar en licitaciones públicas para obtener contratos con el gobierno.

El pasado mes de abril, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que las empresas de vivienda estaban buscando un concurso mercantil previamente pactado, lo cual quiere decir que los acreedores y las compañías llegarán a un acuerdo para presentarlo al juez rector del procedimiento, antes de solicitar el concurso mercantil, lo cual puede acelerar el proceso de restructura.

El mercantilista Jorge Calderón Gracia recordó también el caso de Iusacell. “Esta empresa antes de acusarse a sí misma de estar en concurso mercantil, ya había pactado por fuera con sus acreedores y estuvieron de acuerdo en ciertas condiciones y ese convenio se le presentó al juez y aprobó el concurso en la etapa conciliatoria".

Añadió que en el momento en el que se incumpla el acuerdo pactado, se puede solicitar la quiebra directa de la compañía.

El especialista consideró que a partir de las nuevas reglas financieras que establece la Ley de Concursos Mercantiles, someterse a estas reglas no implica la quiebra de la empresa, ya que la idea es que siga operando y tenga suficiente capacidad para liquidar deudas.