La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió 13 recomendaciones al gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, para terminar con las conductas misóginas que producen violencia extrema contra las mujeres y que son reproducidas por autoridades al reducir el problema al ámbito privado.

En caso de que el mandatario no acepte o no cumpla las recomendaciones, la Conavim declarará alerta por violencia de género, como lo solicitó el Centro Las Libres el 21 de marzo.

El grupo de trabajo de la Conavim que atendió la solicitud de alerta de género concluyó que el estado está por debajo de la media nacional en homicidios dolosos de mujeres, pero tiene el primer lugar en violencia doméstica.

De 2010 a lo que va de 2014 se han cometido en Guanajuato 263 presuntos asesinatos de mujeres, y de 2010 a 2013 la Secretaría de Salud estatal atendió a 79 mil 38 víctimas de violencia, de acuerdo con el reporte del grupo de trabajo presentado este jueves en la ciudad de México, durante la vigésima segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Existe un incremento en el número de muertes de mujeres con presunción de homicidio. Se puede notar que los medios usados son ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, más que las armas de fuego, el medio más usado a nivel nacional, se detalló en la sesión, encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Las conclusiones del grupo de trabajo, integrado por especialistas nacionales y de Guanajuato, derivaron en 13 recomendaciones que fueron entregadas este jueves al gobernador Miguel Márquez. Entre ellas, el estado deberá ofrecer programas de capacitación con perspectiva de género al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de dependencias encargadas de atender a las mujeres.

Además, el mandatario deberá asignar al Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug) más presupuesto y recursos humanos, para que haga una tarea eficiente. La tercera es elaborar un diagnóstico sobre todas las modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición estipulada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta ley (disponible en la dirección electrónica) define la violencia de género como cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause (a las víctimas) daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

Se recomendó también rediseñar el banco de datos e información sobre los casos de violencia contra las mujeres.

El estado deberá crear una instancia que dé seguimiento a la violencia feminicida, y garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso total a los expedientes relativos a sus casos. La PGJE deberá adecuar los protocolos de investigación para los feminicidios, violaciones y otras agresiones, y para la localización de mujeres.

De igual manera, se recomendó al estado promover protocolos de actuación con perspectiva de género en las policías, y aplicar la Ley General de Víctimas y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se agregó que el estado deberá buscar la especialización de los funcionarios de los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral, y crear un programa de atención a hombres generadores de violencia para que sean atendidos con programas de perspectiva de género.

La Conavim también propuso impulsar campañas permanentes que prevengan la violencia feminicida, y enviar un mensaje de cero tolerancia a los agresores de mujeres. El organismo consideró necesario cambiar la denominación de los delitos de violencia intrafamiliar a violencia familiar y abusos eróticos sexuales a abuso sexual, adecuar las penalidades y revisar si deben ser perseguidos por oficio.

Igualmente pidió revisar la tipificación del delito de estupro, estipular con perspectiva de género la reparación integral del daño en el tipo penal del feminicidio y demás delitos contra las mu≠jeres, así como elevar la sanción a las agravantes del delito de violación previstas en el artículo 181 del Código Penal.

El comité consideró que los protocolos para investigar los delitos de feminicidio, violencia intrafamiliar, violación y no localización de mujeres en Guanajuato no cumplen parámetros internacionales ni garantizan la reparación del daño.