Washington, 9 de julio.

Prominentes activistas musulmanes estadunidenses, académicos y candidatos políticos fueron espiados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) mediante la intercepción de mensajes de correo electrónico, de acuerdo con un informe publicado en el sitio en línea The Intercept.

El informe, elaborado por los periodistas Glenn Greenwald y Murtaza Hussain y basado en información filtrada por el ex contratista estadunidense de la NSA Edward Snowden, sostiene que el espionaje fue autorizado por un tribunal secreto que se ocupa de localizar espías y sospechosos de terrorismo. Dicho programa abarcaba 7 mil 485 direcciones electrónicas entre 2002 y 2008.

The Intercept asegura que identificó al menos a cinco personas, todas estadunidenses, a partir de sus direcciones de correo electrónico. Medios de prensa destacaron este día que esas personas dijeron que el espionaje sobre ellos pudo deberse a su raza y religión.

Ellas serían Faisal Gill, funcionario del Partido Republicano que presentó candidaturas a cargos públicos; Asim Ghafoor, abogado que representó a clientes en casos de terrorismo; Hooshang Amirahmadi, profesor irano-estadunidense en la Universidad de Rutgers; Agha Saeed, activista en favor de los derechos civiles, la causa palestina y ex profesor de la Universidad del estado de California, y Nihad Awad, director del Consejo para las Relaciones Islámico-estadunidenses.

Las nuevas filtraciones despertaron reacciones de condena de grupos de derechos civiles, que compararon estas prácticas con las seguidas por la FBI contra los principales líderes de los derechos civiles como Martin Luther King Jr. y Malcom X en décadas anteriores.

Funcionarios estadunidenses que respondieron al informe afirmaron que sólo se vigilan comunicaciones con propósitos legítimos de inteligencia o contrainteligencia.

Es totalmente falso que los servicios de inteligencia estadunidenses espíen a políticos, religiosos o activistas únicamente porque no están de acuerdo con las políticas públicas, porque critican al gobierno o porque ejercen sus derechos constitucionales, dijeron en un comunicado conjunto el Departamento de Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.