El juez federal Felipe Consuelo Soto declaró ayer en concurso mercantil a la empresa Oceanografía, y ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que suspenda de inmediato la inhabilitación que le impuso como sanción a esa compañía con la cual estaba impedida para obtener contratos del gobierno federal.

En un acuerdo publicado ayer en la lista del juzgado tercer de distrito en materia civil, a cargo de Consuelo Soto, se informó que el juez declaró procedente la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) de declarar el inicio del concurso mercantil de Oceanografía, intervenida en febrero pasado por el gobierno federal, tras revelarse que defraudó a Banamex con más de 400 millones de dólares.

A partir de ahora corre el periodo obligatorio de un año que fija la Ley de Concursos Mercantiles, a fin de que los acreedores de Oceanografía (nacionales y extranjeros) lleguen a un convenio concursal que impida que la empresa sea declarada en quiebra.

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) informaron que los efectos del acuerdo que ordena cancelar la inhabilitación impuesta por la SFP a Oceanografía son para permitir que la compañía pueda volver a participar en licitaciones públicas, obtener contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con ello resultar mucho más atractiva para eventuales inversionistas que deseen rescatarla de la quiebra.

Es procedente declarar en concurso mercantil a Oceanografía, por incumplir de forma generalizada con el pago de sus obligaciones por más de 30 días a por lo menos 149 de sus acreedores que integran la lista provisional, notificó el juez Consuelo Soto en un acuerdo difundido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Queda suspendida de manera temporal la aplicación de fracciones de la ley de Pemex que impiden que Oceanografía participe en licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, así como celebrar contratos con Pemex Exploración y Producción, resolvió el juez rector de este concurso mercantil.

Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, está sujeto a proceso penal por fraude bancario en perjuicio de Banamex, pero la PGR sólo lo acusó por un delito no grave y goza de libertad bajo fianza.

En el acuerdo del juez federal se menciona también que Pemex deberá acatar diversas medidas cautelares: por ejemplo, el juez ordenó a PEP que reintegre los importes deducidos por penas convencionales impuestas a Oceanografía SA de CV del 28 de febrero a la fecha.

También se ordenó a Pemex que suspenda los descuentos por penas convencionales impuestas desde hace cinco meses a la firma por la ejecución de contratos y se abstenga de iniciar, tramitar y concluir procedimientos de cobro en su contra por penas convencionales impuestas o que estén pendientes de aplicar a la concursada.

El juzgado instruyó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) que designe como conciliador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para que señale a quien desempeñará directamente esa función.

Una vez cumplido lo anterior, el conciliador deberá informar de su designación a los acreedores y señalar un domicilio para el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley, detalló el Consejo de la Judicatura Federal.

En tanto se efectúa designación de conciliador, la empresa, sus administradores, gerentes y dependientes tendrán las obligaciones que la ley atribuye a los depositarios judiciales, señaló Consuelo Soto.

Sólo a Banamex, $6,745 millones

El juez consideró acreditada la insolvencia de Oceanografía, pues sus deudas totales ascienden a 17 mil 823 millones de pesos, de los que 14 mil 669 millones son deudas vencidas, mientras sólo cuenta con mil 76 millones de pesos en activos líquidos. Por el momento, la lista de acreedores incluye a 149 empresas, bancos, entidades de gobierno y personas físicas.

Destacan Banamex, con 6 mil 745 millones de pesos por recuperar, así como tenedores de diversas emisiones de bonos que suman 4 mil 703 millones de pesos, y el SAT, al que se adeudan mil 240 millones de pesos.

El caso Oceanografía puso en riesgo la operación de Pemex y por eso el gobierno federal intervino de inmediato la empresa naviera, ya que de no haber continuado con la transportación de hidrocarburos la paraestatal hubiera tenido que suspender actividades por más de 30 días, dijeron a este diario funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.