urante los tres años que gobernó la izquierda en Ecatepec (2006-2009), se realizaron más de 100 actos masivos y gratuitos de carácter musical; se invitó a grupos de todos los géneros existentes y posibles –rock, punk, banda, reggae, urbano, metal e indie, entre muchos otros–; se convocó a centenares de miles de jóvenes, mujeres, niños, familias enteras; se usaron explanadas, parques, estadios, calles y todo tipo de lugares (todos lugares públicos); siempre de entrada gratuita, y nunca hubo un solo lesionado que lamentar.

La tragedia ocurrida en Ecatepec el domingo pasado es en realidad la tragedia de un gobierno municipal y estatal a la deriva; el resultado de la ausencia total de conocimiento sobre los mecanismos de seguridad y los protocolos que deben seguirse en actividades masivas de carácter cultural.

Una fiesta pública y masiva siempre será una responsabilidad de Estado, aunque se realice en un recinto privado. La llegada, permanencia y salida de los convocados a dichos actos son responsabilidad de las autoridades políticas; el gobierno debe revisar todos los mecanismos de seguridad interna de los lugares y garantizar que los asistentes se diviertan con libertad y en pleno ejercicio de su condición ciudadana.

La fiesta es un derecho y hay que proteger y garantizar su ejercicio.

El lugar conocido como la 30-30, por la calle que atraviesa dicho predio en Ecatepec, es un sitio donde se han realizado centenares de bailes a lo largo de muchos años. Sus condiciones, accesos, capacidad, salidas de emergencia u otras no son desconocidas para las autoridades municipales; cada semana este espacio les genera enormes ganancias en materia de impuestos. Es un jugoso negocio, donde la autoridad está pendiente para cobrar los dineros y las prerrogativas, pero olvida sus responsabilidad de prever cualquier contingencia que ponga en riesgo a los participantes, y la mejor prueba de su omisión es la tragedia ocurrida el domingo.

A unos meses de haber suspendido un concierto de rock metalero en Texcoco, por miedo, inexperiencia y razones políticas (ya que era organizado en un municipio gobernado por la oposición), ahora demuestran negligencia y abandono. La tardía respuesta del alcalde de Ecatepec y la decisión de suspender los bailes ponen en evidencia la ausencia de gobierno. Creer que la solución, ante una tragedia como esta, es suspender las actividades masivas es una declaración pública de incapacidad de gobernar.

Cuando un acto masivo se lleva a cabo con responsabilidad política y administrativa, con protocolos adecuados y con un gobierno totalmente involucrado y atento a su realización, el resultado suelen ser jóvenes cansados por haber bailado mucho, besos callejeros de parejas enamoradas, niños imaginando historias fantásticas y público emocionado por haber participado de un rito urbano, masivo y generoso.

El resultado de un concierto con la atención del Estado es el ejercicio del derecho a la ciudad y el derecho a la cultura.

Por el contrario, un gobierno omiso, desarticulado y sin experiencia, sin vocación de servicio ni mística, sin saber la importancia de la cultura y su labor estratégica en la gobernabilidad, decide abdicar a su responsabilidad. Ante la tragedia, decide prohibir, cerrar los ojos, huir.

Renunciar públicamente a garantizar la fiesta pública es una forma de tirar la toalla y una manera de evadir que el Estado deba ser garante de derechos. Renunciar a la fiesta es como renunciar a gobernar e impedir a los ciudadanos ejercer el urgente derecho a la cultura, a los espacios públicos y a la recreación humana y espiritual.

*Promotor cultural