La organización Vecinos Unidos, formada por más de 800 colonias, se manifestó por corregir la norma 26 para evitar abusos de las inmobiliarias y de verdad promueva la construcción de vivienda de interés social, y advirtió que de aprobarse las normas 30 y 31 que impulsa el Gobierno del Distrito Federal, acudirán ante los tribunales, ya que, dijo, violan los derechos humanos de los habitantes de la ciudad.

En conferencia de prensa, manifestó que no busca un diálogo con las autoridades sobre este asunto, pues esos ordenamientos no son ni siquiera negociables, y lo único que aceptarán es que sean desechados.

Agregó que se aplica marcaje personal a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y que si votan en favor de esas normas, se lo vamos a cobrar cuando pretendan relegirse o acceder a otro puesto de elección popular.

Omar Karim, de la colonia Condesa, explicó que presentarán a la ALDF una iniciativa para fortalecer la norma 26, la cual está suspendida, que incluye medidas como la obligatoriedad de realizar verificaciones a las obras que se realicen bajo su amparo, para evitar abusos de las constructoras.

El abogado Andrés Alonso, de la colonia Jardines del Pedregal, manifestó que de ser aprobadas las normas 30 y 31, interpondrán amparos colectivos por violaciones a derechos constitucionales como no consultar a los vecinos y a una vivienda digna, pues, dijo, la construcción inmoderada afectará servicios como el suministro de agua.

En tanto, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, coordinador de Movimiento Ciudadano en la ALDF, exhortó al Gobierno del Distrito Federal a realizar una consulta amplia y de participación, para garantizar que a los proyectos de las normas 30 y 31 se puedan integrar opiniones y demandas ciudadanas antes de que sean presentadas al pleno.

Indicó que a pesar de contar con la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana y de una serie de buenas intenciones, no se garantiza que se cumpla con los objetivos de fomentar la construcción de vivienda media y de bajo costo, además de que generan dudas respecto del posible manejo de los recursos y estímulos fiscales involucrados en esas normas.

“Para evitar escenarios como el ocurrido con el programa Hoy no circula, es necesario que el gobierno de la ciudad tome en cuenta las opiniones de sus habitantes en la elaboración de sus políticas, y que además contemple mecanismos periódicos de revisión de las mismas”, puntualizó.