Ante la prevalencia de llamada familia judicial y denuncias por nepotismo, en julio de 2014 el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó el 23 de junio de 2010 un acuerdo general para tratar de evitar que jueces y magistrados acordaran entre sí el nombramiento de esposas, hijos o parientes hasta en cuarto grado en sus respectivos órganos jurisdiccionales, so pena de ser sancionados.

Además, a los juzgadores les fue quitada la prerrogativa que tenían para designar temporalmente a actuarios o secretarios proyectistas que no hubieran aprobado aún el examen correspondiente.

Sin embargo, funcionarios judiciales reconocieron que cuatro años después, jueces y magistrados triangulan los nombramientos para evadir lo que estableció dicho acuerdo. Aunque eso sí, precisaron los entrevistados, todos los que ingresan como actuarios o secretarios proyectistas aprobaron previamente el examen.

El problema es que, señalaron los entrevistados, aun cuando se ha implementado la obligación de que los aspirantes a ingresar al Poder Judicial de la Federación realicen un curso y pasen el examen de oposición ante el Instituto de la Judicatura Federal, resulta que aprobarlo, incluso con las más altas calificaciones, no garantiza el ingreso deseado. Los jueces y magistrados mantienen la prerrogativa de escoger, de entre los ganadores, a sus colaboradores.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrantes de CJF sostienen que dicha facultad se justifica, porque los juzgadores necesitan contar con gente de plena confianza por la delicada labor que realizarán.

El problema, como lo comentó a La Jornada un funcionario judicial que pasó los exámenes para secretario proyectista de juzgado y de tribunal de circuito, pero no fue llamado por ningún juzgador para incorporarse a su equipo, es que si no conoces a ningún juez o magistrado es muy poco probable que te elijan.

Este problema es tan actual, que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza ha mantenido el criterio de que el CJF debe ser muy cuidadoso en atajar posibles actos de nepotismo o convenios entre juzgadores para colocar a sus familiares o recomendados, de manera de que aquellos hijos o familiares de miembros del Poder Judicial que quieran convertirse en jueces federales, desarrollen su carrera aprobando los exámenes de oposición establecidos.

Asimismo, que no se solape a quienes colocan a sus familiares en puestos para recibir ingresos sin trabajar, señalaron colaboradores cercanos a Silva Meza.

El citado acuerdo general fue aprobado por seis votos, con uno en contra del entonces consejero Juan Carlos Cruz Razo, quien se mostró en favor de que en casos urgentes los juzgadores nombren provisionalmente, por circunstancias apremiantes, a sus colaboradores, aun cuando no hubieran aprobado el examen establecido.

El CJF, sostuvo, pasó por alto la necesidad de los magistrados y jueces de tener personal que sea de su absoluta confianza, ya que no en todos los lugares del territorio nacional los juzgadores federales cuentan con personal capacitado ni con servidores que sean de su confianza.

Señaló que si bien dicha resolución pretende evitar todo acuerdo o compromiso entre un titular para elegir recíprocamente al cónyuge o familiares de otro, lo cierto es que el nombramiento de familiares que cumplan los requisitos de la carrera judicial no puede llevar a presuponer que sean contrarios a la ética.

Argumentó que el acuerdo del CJF excedió lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que en ninguno de estos ordenamientos contiene una disposición que prohíba que un titular otorgue nombramiento a personas que sean familiares de otro.

De acuerdo con funcionarios consultados, el punto de vista de Cruz Razo es compartido por muchos juzgadores.