El Estado mexicano está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos a toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional, entre éstos la posibilidad de ser asistida por la representación consular de su país.

En representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, el secretario de la presidencia del máximo tribunal, Arturo Pueblita Pelisio, dijo lo anterior, y agregó que la protección de las personas extranjeras representa uno de los mayores retos en materia de derechos humanos, pues respetar y garantizar sus derechos implica superar el concepto limitado de ciudadanía.

Añadió que con la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la protección internacional de las garantías individuales compete a todas las autoridades del país, incluyendo por primera vez y con toda claridad a jueces, legisladores, integrantes del Poder Ejecutivo y, en general, a los operadores de justicia y demás vinculados con su administración.

Ante representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cónsules de diversas naciones de Centro y Sudamérica, durante la inauguración del foro sobre el Derecho a la asistencia consular, afirmó que desde la perspectiva protectora de derechos humanos y la reciente reforma constitucional en la materia, el derecho de asistencia consular se cuenta entre las normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano.

Todas las autoridades mexicanas, insistió Pueblita Pelisio, están obligadas, en el ámbito de su competencia, a respetar y garantizar los derechos de migrantes.