as denuncias sobre la negación de servicios en las instituciones de salud son cada día más comunes u ocupan más espacio en los medios de comunicación. ¿Estamos ante un deterioro de los servicios de atención médicos o los ciudadanos son más exigentes? Parece que ambas cosas están ocurriendo.
La movilización nacional de médicos #yosoy17 y las exigencias presentadas ante el Senado por los pasantes de medicina para contar con mejores condiciones de trabajo y de seguridad en zonas de altos índices de violencia revelan un funcionamiento inaceptable en los servicios de salud. En mi artículo de marzo pasado expuse los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud 2012 sobre las fallas en la prestación de servicios y su impacto en la salud. Estos datos son conocidos por las autoridades sanitarias (Ssa), pero les ocupa más cómo imponer el Sistema Universal de Salud
que resolver los problemas de la labor cotidiana en las instituciones. ¿Falta de ideas o estrategia para llevar adelante la mercantilización en el sector salud?
En reciente entrevista el Comisionado del Seguro Popular (SP), Gabriel O’Shean, reconoció que prácticamente todo falta en los servicios: infraestructura, equipo, medicamentos etcétera pero culpa de las insuficiencias a la mala administración de los gobiernos estatales. Tampoco ve como problema la participación de los privados en la prestación de servicios. Sugiere que con un incremento en el gasto en salud, público y privado, de uno al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB) habría un financiamiento suficiente.
En cambio la Organización Panamericana de la Salud estima que la Cobertura Universal de Salud
con acceso equitativo requiere de un gasto público de 6 por ciento del PIB, mientras en México es entre 3.05 y 3.2 por ciento, o sea casi debería duplicarse. Recuerden que de 2006 a 2012 el incremento, incluyendo el SP, apenas fue entre 0.58 y 0.64 por ciento del PIB y no se ha dado ningún cambio espectacular durante los dos años recientes.
El SP ofrece ante todo servicios ambulatorios y de hospitales generales y muy pocos servicios complejos de hospitalización. Partiendo de este modelo, sin compartirlo, el fortalecimiento de los servicios debería dar prioridad la atención del primer nivel y los medicamentos gratuitos. Sin embargo, 38 por ciento de los mexicanos que usan servicios ambulatorios acude a los privados con el agravante de que 42 por ciento de este total corresponde a las farmacias. Sólo 17 por ciento de los que usan servicios hospitalarios se atiende en centros privados; hecho que pudiera deberse a su alto costo por lo que muchos quedarían sin la atención requerida. En cuanto al gasto de bolsillo, éste se dedica, según las cuentas nacionales, en 68 por ciento a productos
principalmente a medicamentos, en 20 por ciento por servicios ambulatorios y en 13 servicios hospitalarios.
Otro indicador de la falta de condiciones adecuadas en el primer nivel de atención es que 30 por ciento de las unidades de primer nivel de los sistemas estatales de salud (Ssa) sólo cuenta con un médico pasante sin supervisión alguna, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo trabaja con médicos titulados. Es más, en nueve estados más de 40 por ciento de los centros de salud sólo tiene un pasante sin supervisión; porcentaje que alcanza 62 por ciento en Sonora y 69, en Guanajuato. El problema para la atención de los usuarios-pacientes es múltiple: no hay continuidad, porque los pasantes se quedan máximo un año en la comunidad; no cuentan generalmente con los medios necesarios para la atención; no tienen la experiencia clínica necesaria, particularmente cuando trabajan solos. Y por si fuera poco, no tienen protección y seguridad en comunidades capturadas por la delincuencia organizada. Esta situación tiene solución como lo ha demostrado Nigenda. Según sus estimaciones contratar médicos generales con el salario tabular, con prestaciones laborales y algunos estímulos para todos los centros de salud hoy atendidos sólo por pasantes correspondería aproximadamente a 15 por ciento de los recursos gastados por los estados en la contratación de personal. Esta propuesta no significa acabar con el servicio social, sino convertirlo en una experiencia educativa y social para los pasantes.
Resolver los graves problemas de la atención en las instituciones públicas de salud pasa por la comprensión del trabajo clínico, una organización que promueva la satisfacción en el trabajo y que proporcione los medios necesarios para una adecuada práctica. Esto no se logra con más controles y reglamentos ni instrumentando mecanismos de mercado y de competencia o incentivos al desempeño cuantitativo al estilo de la Nueva Gerencia Pública que ya pasó al basurero de la historia.
