De los 11 decretos de ley que devolvió con observaciones el gobierno de la ciudad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), cinco tendrán que desecharse en definitiva, mientras que se consideró inviable presupuestalmente la reforma a la Ley para el desarrollo del DF como ciudad digital y del conocimiento para introducir Internet gratuito en escuelas, parques y edificios públicos.

Entre las que deberán desecharse está la que proponía aplicar la extinción de dominio a establecimientos en los que se comercie bebidas adulteradas, por no ser un delito que faculte la confiscación de bienes, según el artículo 22 constitucional.

Se desecha el decreto que expide la ley de dignificación policial del DF por ser la materia de seguridad pública facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

La reforma al Código Civil del DF sobre el orden de los apellidos tendrá que descartarse, ya que la ALDF no consideró la reciente reforma al artículo 4 de la Constitución, que en un transitorio fija al Congreso de la Unión un plazo para determinar las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población para ser adoptadas por todas las entidades.

Otra reforma inviable es la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, dando a la Procuraduría Social (Prosoc) la facultad de emitir laudos e imponer sanciones al agotarse un procedimiento de conciliación, ya que eliminaría otra figura de resolución de conflictos como es el proceso arbitral.

También se desecha la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del DF por el que la ALDF se confería la facultad de aprobar los dictámenes de transferencia de potencialidades, es decir las autorizaciones que permiten trasladar niveles de edificaciones de determinadas zonas hacia construcciones en corredores y áreas con potencial de desarrrollo. Esto violaría el principio de división de poderes al pretender reunir en uno sólo la función legislativa y ejecutiva.