La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la creación de una nueva unidad administrativa para la atención de temas de minas y contratos de explotación.

Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la dependencia, explicó que la finalidad es atender una demanda de servicios que hace unos años no existía. Rechazó que haya vinculación con la reforma energética, la cual incluye figuras que favorecen la explotación de hidrocarburos sobre cualquier otro interés, como la propiedad social.

El funcionario dijo que existen más de mil 600 contratos entre empresas mineras y comunidades ejidales, de cuyo contenido no hay información, salvo de 15 conflictos presentados ante la Sedatu por incumplimiento de convenios por alguna de las partes.

Explotación, favorablemente productiva

Resaltó que 20 por ciento del territorio nacional es adecuado para la explotación minera, lo cual, aseguró, es favorable para una mayor productividad nacional, así como para las comunidades y municipios. El reto es que, desde el punto de vista de la propiedad todo se haga en orden, indicó.

En conferencia de prensa, que comenzó con una hora de retraso, Ramírez Marín indicó que con la nueva Unidad de Minas y Contratos de Explotación, a cargo de Ricardo López Pescador, se busca tener un frente de trabajo directo con los interesados a través de ventanilla de atención a ejidos, comunidades, municipios y las empresas que vean afectados sus derechos e intereses.

Interrogado sobre el riesgo que implica la explotación minera para la propiedad social, Ramírez Marín rechazó esa posibilidad, pues hay respeto absoluto (a ésta). Tenemos la creencia de que ella puede ser un elemento muy útil para una mayor productividad en el país.

Hay respeto absoluto a la propiedad social, expresó el titular de la Sedatu. En la imagen, la mina Peñasquito, en ZacatecasFoto Alfredo Valadez Rodríguez

Más bien, agregó, el tema minero representa una oportunidad que requiere atención especial, pues puede convertirse en un problema o resultar en un beneficio si se atiende bien.

Agregó que la minería representa una oportunidad de mejora para los ejidos, aunque a la vez, en situaciones donde no hay cuidado en la elaboración de convenios o cuando no se les da seguimiento, se convierte en amenaza para la seguridad y estabilidad de ejidos, comunidades y municipios enteros. De la misma forma, indicó, los inversionistas requieren atención puntual.

Sobre los conflictos que se atienden en la Sedatu indicó que no se consideran focos rojos, pues necesitamos un estudio más detallado y una atención más cercana a los casos. Para eso está la ventanilla de atención especial, subrayó.

Recordó que 90 por ciento de la explotación minera se concentra en estados del norte de la República: San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Durango y Coahuila.

El responsable de la nueva área para la atención de los asuntos relacionados con la minería y contratos de explotación, Ricardo López Pescador, se venía desempeñando como director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

En su lugar fue designado Carlos Flores Rico, ex diputado federal y titular de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). Desde ayer le corresponde, entre otras actividades, revisar que los decretos de expropiación de tierras ejidales o comunales cumplan con las causas de utilidad pública.