El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan denunció la presentación de nuevas acusaciones infundadas contra Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), como parte de un complejo entramado jurídico urdido por la Procuraduría General de Justicia guerrerense, la cual en menos de 20 días ha armado al menos cinco averiguaciones previas y las ha consignado en menos de una semana.

Lo anterior demuestra la estrategia de criminalización de los luchadores sociales, con la violenta detención de Suástegui el 17 de junio, su traslado a un penal federal, violando dos suspensiones concedidas por juzgados de distrito en dos juicios de amparo –543/2014 y 649/2014–, lo que ha permitido la deliberada obstrucción de su defensa, afirmó la organización.

Indicó que el juez primero en materia penal de Tepic dictó –el 2 de julio– auto de formal prisión contra Suástegui –causa penal 110/2014-I– por robo calificado, delito grave, por lo que no podrá obtener libertad bajo caución. Esta decisión se suma al auto de formal prisión emitido el pasado 27 de junio, cuando el juez reclasificó el delito de tentativa de homicidio por el de lesiones agravadas dentro de la causa penal 64/2014.

Además de los dos procesos abiertos en los que ya se ha dictado orden de aprehensión, el pasado 1º de julio le notificaron dos causas penales más, por lesiones simples y por despojo. Tambie´n existe una averiguación previa contra Suástegui por ataques a las vías de comunicación, motín y sabotaje.

Esas acusaciones están plagadas de violaciones al debido proceso y tienen un trasfondo político, por lo que se trata de procesos que ocultan las intenciones del estado de criminalizar la lucha social, (para) debilitar el movimiento que desde hace 11 años han emprendido comuneros en defensa de su territorio organizados en el Cecop, con el uso desviado del sistema de justicia estatal, afirma Tlachinollan.