La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula (Cdbccismo), Michoacán, denunció que para su poblado no ha habido justicia.

No hay una sola persona encarcelada ni avance en la investigación de los 32 asesinatos y cinco desapariciones de comuneros, perpetrados, afirman, por Los caballeros templarios, como tampoco ha pasado con los cientos de asesinatos y desapariciones de otros pueblos y comunidades de la región Costa Sierra de Michoacán.

La Cdbccismo contrastó esta situación con el operativo en el que fueron detenidos 82 miembros de las autodefensas de las comunidades y pueblos de la región Costa Sierra de Michoacán, además del doctor José Manuel Mireles Valverde, por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de Seguridad Pública locales, así como del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

La comisión planteó lo anterior en un escrito dirigido al alto comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a diversas organizaciones sociales y pueblos indígenas, en el contexto del quinto aniversario de la recuperación de sus tierras, correspondiente a la encargatura de Xayakalan, el 29 de junio de 2009, y la reorganización de su policía comunitaria.

En el documento enfatiza que, contrario a lo que pregona el gobierno federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está para nada resuelto, y su estructura, sus principales cabezas y sus actividades económicas siguen intactas. Asimismo, los funcionarios que son cómplices del crimen organizado, regados en todos los niveles de gobierno, siguen libres.

Afirma también que la detención de los autodefensas es una continuación de la estrategia de desarme y desarticulación de las policías comunitarias, guardias comunales y grupos de autodefensa de la región Costa Sierra, como se intentó en febrero y marzo en Ostula, lo que significa permitir su cruel asesinato.

Por ello, exige a los gobiernos federal y del estado el cese de los operativos para desarmar y detener a policías comunitarios, autodefensas y guardias comunales, así como la inmediata liberación de los presos de San Miguel de Aquila y los policias comunitarios detenidos el pasado 27 de junio en el poblado de La Mira.

Asimismo, demandan la inmediata y urgente solución a su problemática territorial en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal, la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los autores de 32 asesinatos.