El Ifai ordenó a la Consejería Jurídica de la Presidencia que entregue la respuesta que dio a la controversia constitucional que la Cámara de Diputados promovió en diciembre de 2013 contra las reformas efectuadas por el Ejecutivo federal al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El organismo consideró que las razones que la Consejería invocó para clasificar el documento como reservado no son válidas y por tanto no existe restricción legal para que lo entregue al particular que lo solicitó. El reglamento modifica lo relativo a las máquinas tragamonedas y con dicha reforma se sobreseyó otra controversia de los diputados de diciembre de 2012. En ambos casos, San Lázaro consideró que el Ejecutivo invadió sus funciones legislativas, pues con el reglamento pretende regularizar la operación de las máquinas, las cuales son prohibidas por la ley.