nició la discusión y aprobación de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El Congreso de la Unión considera aspectos relevantes que pueden llevar o no al país a contar con medios y servicios de comunicación democráticos e incluyentes.

De no cambiar sustancialmente los aspectos técnicos y de contenido que violentan los derechos de las personas y pueblos, la ley secundaria que se debate puede convertirse en un artefacto más que impediría la democratización, el desarrollo y el acceso a un modelo de radiodifusión y telecomunicaciones respetuoso de derechos, como la información, la comunicación y la libertad de expresión. Por ello, en esta recta casi final de la dictaminación se requiere la participación activa de todas las personas y grupos y que la pluralidad de propuestas sean revisadas y tomadas debidamente en cuenta.

El Congreso no puede tener oídos sordos a la voz de quienes dice representar, y por eso desde abril hasta la fecha, cuando se inició su difusión en el Senado, la sociedad organizada ha emprendido diversas acciones dirigidas a incidir directamente sobre el contenido de dicha ley. Sus actividades han sido múltiples y diversificadas, desde manifestaciones en las calles y construcción de sitios en Internet para informar sobre el tema, hasta reuniones sesudas de análisis con diversos grupos nacionales e internacionales e incidencia constante en algunos medios. Incluso en repetidas ocasiones, como el encuentro del pasado martes en el Senado, se acudió al relator especial para la libertad de expresión de la ONU.

En el marco de estas exigencias y para que se tomen en cuenta sus preocupaciones y propuestas, 171 organizaciones y personalidades, ubicadas en muchos estados de la República, hicieron público esta semana un documento que titulan La ley de telecomunicaciones que queremos (http://ow.ly/yHTlj). Se trata de 18 puntos clave que el Congreso de la Unión debe tomar en cuenta. Ese documento concentra la voz de la ciudadanía y por su medio se hace explícita la necesidad de cambiar la iniciativa que envió el Ejecutivo federal, de tal manera que se garantice un instrumento legal apegado a derechos y con pleno consenso entre las diferentes partes involucradas, evitando con ello privilegiar sólo los intereses monopólicos de las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones o los propios intereses unilaterales del Estado.

La sociedad civil señala igualmente en dicho documento como urgentísimo que el Estado mexicano no olvide garantizar el servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión y se abstenga de cometer actos de censura previa e invadir la privacidad de las personas. Resalta que en lo relacionado con los derechos digitales se requiere además explicitar que Internet debe ser un espacio abierto, plural y equitativo, garantizándose en todo momento la neutralidad de la red. Por otro lado, es también urgente que en ninguna parte de la ley se contengan artículos que, sin mediación de orden judicial alguna, faculten al Estado para que recopile datos personales de los usuarios, incluyendo la geolocalización, temas de los que ya me había ocupado en otra oportunidad ( La Jornada, 05/04/2014). Así como que por ningún motivo se puedan bloquear las telecomunicaciones, con el débil argumento de la seguridad o el orden público.

También es primordial que los derechos de las audiencias sean plenamente respetados, obligación en la que el Estado no debe claudicar. Debe por tanto dotarse al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de facultades para protegerlos. Además, las personas con discapacidad y las infancias tienen necesidades específicas, y por ello el IFT, principal órgano encargado de garantizar sus derechos a la información y la comunicación, debe facilitar que accedan a ellos. Y no hay que dejar de mencionar que la perspectiva de género tiene que ser en todo momento transversal, pues de lo contrario la ley no apostaría por la equidad entre mujeres y hombres.

Los puntos del 10 al 13 se refieren al tema de la pluralidad de contenidos y a lo relacionado con la concentración mediática y económica. La ley debe permitir que exista un sistema plural de medios, en el que quepan todas las propuestas venidas de las diferentes plataformas. La preponderancia, figura incluida en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, definida únicamente por sector y no por servicios, permite que los monopolios de radiodifusión sigan creciendo y concentrando el poder mediático. En los últimos cuatro puntos, la sociedad civil exige un reconocimiento eficaz de los medios públicos, sociales e indígenas.

En relación con los medios públicos, es necesario que los canales del Estado permitan más barras de programación de la sociedad civil y que los medios sociales e indígenas tengan capacidad y sean considerados diferentes de los medios públicos. Por tanto, se requiere que, de acuerdo con las necesidades de las personas y comunidades, la ley incentive su creación y mantenimiento. Estos medios sociales requieren también de la venta de publicidad, sin que por ello se considere esto como una actividad de lucro. Es inaceptable además que alguien sea criminalizado por abrir una emisora de uso social, pues esto es contrario a la concepción de una comunicación democrática.

Con toda esta pluralidad de propuestas, el Congreso tiene la tarea de aprobar una ley acorde con el respeto irrestricto de los derechos humanos, garantizando además medios y servicios de comunicación plurales, para que los grupos más desfavorecidos de nuestro país accedan a ellos de manera amplia y conforme a sus necesidades. La ley que se debate ofrece la posibilidad de transformar la lógica del control y el lucro excesivo en las telecomunicaciones, pero también puede ser una muestra más de un Estado autoritario al servicio de las corporaciones, como el que gradualmente se consolida hoy en México. La moneda está en el aire.