La política migratoria de contención aplicada por Estados Unidos en la década reciente ha generado el recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos de quienes pretenden ingresar a ese país sin documentos, pues favorece que en su paso por México el crimen organizado los someta a secuestros, trata de personas, extorsiones, homicidios, mutilaciones y violaciones sexuales en el caso de las mujeres.

Así lo planteó Mauricio Farah, experto en el tema y actual secretario general de la Cámara de Diputados, al presentar la investigación Migración y derechos humanos, que elaboró a petición del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El documento –que presenta 11 propuestas dirigidas a varios sectores gubernamentales– será asumido por la casa de estudios.

“En su obstinación por blindar su frontera (sur), Estados Unidos rompió la circularidad de la migración, ahondó el sufrimiento de los migrantes, hizo más necesarios a los traficantes (polleros) y encareció sus tarifas, despertando el interés de la delincuencia organizada por la migración.”

En conferencia, el titular de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (dedicada a indagar violaciones a las garantías de los migrantes), Fernando Batista, indicó que la crisis humanitaria no sólo atañe a los niños que permanecen en condiciones inadecuadas en centros de detención, sino a todos, pues los adultos también enfrentan severas violaciones a sus garantías (400 mexicanos mueren cada año en su intento por cruzar la frontera y datos oficiales estiman que al menos 10 mil personas sin documentos procedentes de Centro y Sudamérica son secuestradas en su tránsito por México).

No ver, no escuchar y no atender este grave problema es lo que ha causado la crisis humanitaria. Hoy están expuestos a mayores y más riesgos que hace dos décadas. Viajan por rutas inhóspitas y mortales, y se enfrentan a una delincuencia ávida de recursos a costa de los más vulnerables.

Indicó que México está obligado a garantizar la seguridad de estas personas, así como a impulsar un diálogo de alto nivel entre los países centroamericanos y Estados Unidos para elaborar una reforma migratoria que termine con el sufrimiento que viven los migrantes en su intento por llegar a territorio estadunidense.

Entre las 11 propuestas del PUDH están: que se considere las violaciones a los derechos humanos de los migrantes como crisis humanitaria que debe enfrentarse inmediatamente con acciones de política pública suficientes y eficaces.

Se exige al gobierno mexicano que solicite al de Estados Unidos incluir este tema en la agenda bilateral, pero no desde la visión de seguridad nacional, sino como parte de la integración económica y social; que se otorgue vigencia efectiva en todo el territorio mexicano a la Ley de Migración aprobada en abril de 2011; que se cree una fiscalía del migrante dependiente de la Procuraduría General de la República que concentre las investigaciones de los delitos cometidos contra este sector, ,y que en el contexto de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 se efectúe el control de convencionalidad en favor de los migrantes, es decir, verificar que cualquier acto o ley de una autoridad se ajuste a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.