En medio del debate de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó pruebas del ‘‘convenio leonino’’ entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la empresa WL Comunicaciones, a la que se otorgó la explotación de la fibra óptica en los mil 100 kilómetros de la zona metropolitana, a un costo de 800 millones de pesos.

La concesión por 30 años para esa empresa, propiedad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, integrantes del gabinete de Vicente Fox, fue autorizada por el entonces presidente Felipe Calderón en diciembre de 2007, y en la actualidad representa ‘‘un negocio de más de 100 mil millones de pesos anuales y es acaparado por Televisa’’, denunció en el Senado el dirigente del SME, Martín Esparza.

Entregó a senadores del PRD copia de la ‘‘concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones’’ . Esparza se reunió con los legisladores en las instalaciones senatoriales, mientras cientos de integrantes de ese organismo gremial realizaron un mitin en Reforma e Insurgentes.

Esparza dijo que el documento se mantiene en reserva, pero un funcionario de Luz y Fuerza se lo entregó al SME.

Al respecto, la senadora del PRD Dolores Padierna señaló que pedirán que comparezca el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que informe qué se hizo con la fibra óptica y en realidad con toda la infraestructura de una gigantesca empresa que se llama Luz y Fuerza del Centro.

‘‘Cuando ocurre la desincorporación de bienes propiedad de la nación debe procederse conforme a la ley; no puede ser discrecional, no puede ser arbitrario. Un bien de la nación con este valor debe entregarse al SAE’’, recalcó Padierna.

Agregó que haberlo entregado a un particular, como se hace constar en el documento, fue ilegal y el SAE debe responder.