l mismo día en que se celebró un aniversario más del nacimiento de Franz Kafka, la metamorfosis maloliente del ente político mexicano alcanzó nuevos grados de descomposición. Henchido dentro de su caparazón, el institucionalismo artrópodo hizo saber que tiene la numerosidad suficiente para aprobar por sí mismo en el Congreso hexápodo (más el voto extra de uno que otro parásito de color verde antiecológico o de derivaciones impúdicas del blanco y azul y del negro y amarillo) las nuevas reglas de depredación que en la jungla de las frecuencias practicarán las cúpulas antenadas, sobre todo la favorita del surrealismo ejecutivo con olor a pino en plural.

La metástasis política hace aparecer nudos amenazantes. El dirigente formal del PRI, César Camacho, puntualiza que la propuesta Telecom cuenta con el suficiente número de manos a alzar a favor (‘‘los votos necesarios, y también las razones y argumentos’’, es la frase exacta) y que en ese paquete en vías de autorización (el que, según sus opositores, fue redactado en Los Pinos, con asesoría de especialistas pertenecientes al batallón Televisa) no hay regalos ni consignas contra nadie. Ya en la sesión de comisiones senatoriales que comenzó el miércoles hubo jóvenes adversos a lo que se ha llamado la ley Peña-Televisa, que fueron expulsados por el personal de seguridad para que no manifestaran su rechazo al proceso de aprobación que ahora irá, ya en el pleno senatorial, y luego en San Lázaro, por vía más expedita. Lo que sigue será determinado aplastantemente por la filosofía aritmética decidida a vencer, aunque no pueda convencer.

En la misma ocasión recordatoria del alumbramiento del novelista checo, la administración peñista decidió dar un paso más en el proceso contra el médico rejego José Manuel Mireles y decenas de personas que le acompañaron en la toma de La Mira. Se ha dictado auto de formal prisión contra el líder famoso y algunos de sus seguidores y, según lo mencionado ayer por el reportero Alfredo Méndez en su nota del portal de La Jornada, ‘‘este tipo de juicios, en los que el delito está relacionado con armas prohibidas, tarda en desahogarse entre uno y tres años, tiempo en el que los imputados del mismo deben permanecer en prisión’’.

Cabe recordar, sin embargo, que otro personaje relevante de ese teatro del absurdo en que se ha convertido Michoacán, Hipólito Mora, ahora bien encuadrado y uniformado en la Fuerza Rural, salió libre en un par de meses, a pesar de que sus cargos provenían del homicidio de dos personas. Originalmente, el procurador de Justicia de aquella entidad afirmó que además de lo relacionado con los homicidios había contra Hipólito 35 denuncias por despojo, privación de la libertad, amenazas, robo a casas habitación y violación de domicilio.

La decisión cupular de no permitir a Mireles una salida rápida (aunque se le diluyeron otras acusaciones, como la de asociación delictuosa) entrampa al gobierno peñista frente a la irritación generalizada que ha generado el trato humillante dispensado al médico en mención. Tan aberrante (¿kafkiana?) es la situación que, en estricto sentido, los juzgadores deberían someter a proceso a múltiples autoridades federales, estatales y municipales, civiles y militares, por haber permitido durante largo tiempo, y con plena conciencia de los hechos, el actuar formalmente delictivo de Mireles y otros jefes, más una multitud de ciudadanos en armas, de lo cual los hechos ahora consignados judicialmente son apenas una ínfima parte. Las administraciones de Enrique Peña Nieto, Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara permitieron, en diversos momentos y con diversos grados de responsabilidad, la violación abierta y escandalosa de las normas jurídicas vigentes, pero ahora sólo pretenden la aplicación rigurosa de esa masacrada legalidad porque uno de los jefes autodefensivos no se apegó, al tomar con un contingente armado la comunidad de La Mira, a los criterios absolutamente discrecionales de quien actúa allá como una especie de virrey, el mencionado comisionado Castillo.

La humillación del médico Mireles, y la vara de distintas medidas aplicada al caso, han multiplicado el enojo social (para avivarlo, allí están las declaraciones del secretario Osorio Chong, en Morelia, diciendo que no hay más prueba de ilícitos contra el hijo de Fausto Vallejo que una fotografía donde se le ve presuntamente con Servando Gómez, La Tuta, pero ‘‘no hay veracidad en ella’’). A pesar del sesgo politiquero de un grupo michoacano que con la vista puesta en las próximas elecciones de gobernador le defiende jurídicamente, con efectismo de abdicación capilar que no borra nexos casineros, el hartazgo ciudadano podría encontrar cauces cada vez menos controlables ante las aberraciones cometidas contra Mireles.

Le convendría a la administración Peña analizar la posibilidad de promover una fórmula de perdón o de olvido jurídico que alcanzara a todos los involucrados en el periodo de las autodefensas por cuanto a portación de armas, acciones parapoliciacas y comisión formal de delitos varios. De esa manera, Mireles y los más de 70 procesados selectivos podrían alcanzar su libertad; los autodefensas todos, incluyendo los que ahora son policías rurales, quedarían a salvo de ser acusados de lo que evidentemente cometieron en su etapa anterior a la uniformación, y las propias autoridades, comenzando por Peña Nieto, podrían lavarse las manos del proceso de monstruosas transfiguraciones políticas, jurídicas y sociales que se incubaron y desarrollaron en el Michoacán de Kafka.

Y, mientras la administración mancerista, con la secretaria Tanya Müller a la cabeza, se aferra al programa vehicular Hoy no circula sabatino, que ha provocado ya varias protestas ciudadanas que pretenden cerrar vías y accesos capitalinos a partir de hoy, y en tanto siguen llegando pruebas de la increíble desatención médica al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el extranjero, a partir de que se autorizó un buen negocio (para las cúpulas) con una empresa aseguradora, Pan-American Life Costa Rica, ¡feliz fin de semana!

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