El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) logró que un juzgado de distrito admitiera a trámite un amparo contra la ley aprobada en el Congreso de Puebla hace un mes, que faculta a la policía local a utilizar armas de fuego contra manifestaciones públicas, con el supuesto objetivo de preservar la vida de sus agentes o de terceros.

En una resolución publicada ayer –de la cual La Jornada tiene copia–, el juzgado cuarto de distrito del estado de Puebla concedió la suspensión provisional de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza (conocida como ley bala), para que la policía de esa entidad de ningún modo haga uso de la fuerza contra personas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión y manifestación.

Simón Hernández, abogado del Prodh, afirmó que la admisión a trámite del amparo sin ninguna restricción es un avance importante, pues mientras no se resuelva la constitucionalidad de la norma impugnada –tarea que debe realizar un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, los agentes estarán impedidos de utilizar armas de fuego contra manifestantes.

“Es una resolución provisional muy importante, una suspensión novedosa y protectora que significa la no aplicación de la ley bala, porque el juez está consciente de los alcances de la misma e impide que haya uso de la fuerza letal con criterios desproporcionados”, explicó el litigante.

Subrayó que la mencionada ley tuvo un procedimiento legislativo bastante irregular, pues luego de que fue aprobada por el Congreso de Puebla a principios de junio, al parecer el mandatario local Rafael Moreno Valle modificó el texto de manera discrecional, y recordó que la norma permite disparar contra manifestantes con base en criterios ambiguos, pues no define de manera clara lo que se entiende como manifestaciones de confrontación.

Mario Patrón, subdirector del Prodh, resaltó que la ley bala forma parte de una serie de legislaciones estatales que tienen como factor en común limitar el derecho a la manifestación y la protesta, al tiempo que dan mayores atribuciones a la policía para restringir esas garantías.