El senador panista Javier Corral comenzó a recabar las 44 firmas de legisladores, necesarias para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones que el PRI, con ayuda de legisladores de PAN y PRD, aprobó ayer por la noche en comisiones y que ratificarán este viernes ante el pleno.

Corral refirió que ‘‘ni la ley Televisa tenía una disposición tan descarada como el artículo noveno transitorio de este dictamen, un regalo de esa magnitud’’ a la televisora de Emilio Azcárraga Jean.

Dicho artículo, precisó el senador por Chihuahua, ‘‘establece una autorización para que Televisa pueda seguir comprando sistemas de cable en el país y acumulando suscriptores en lo que conocemos como el mercado de la televisión restringida. Se trata de un salvoconducto para autorizarle la compra que ya hizo de la empresa Cablecom, una inversión de 8 mil millones de pesos.

Primero compran y luego buscan autorización

‘‘Y nuevamente, como en el caso de la fusión Televisa-Iusacell, primero compran, primero hacen sus operaciones comerciales y luego buscan que la autoridad respalde esas negociaciones. Eso es lo que está pasando con este noveno transitorio conocido como cláusula Cablecom’’, subrayó.

El panista anunció que convocará a todos los senadores, incluso a los que se abstengan de votarla o aquellos que incluso voten en favor, a firmar la acción de inconstitucionalidad. ‘‘Los voy a invitar porque si están tan seguros del voto que van a emitir, pues que nos sujetemos a lo que resuelva la SCJN’’.

Sostuvo que la legislación no cumple los objetivos establecidos en la Constitución. Pronto, el Congreso y el propio Presidente van a estar ante resoluciones judiciales que ‘‘los pondrán o los van a exhibir en la forma en que se sometieron y se doblaron’’.

Corral Jurado cuestionó el hecho de que la reunión de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras de las leyes reglamentarias de telecomunicaciones –de Comunicaciones y Transportes, la de Estudios Legislativos y la de Radio, Televisión y Cinematografía– lo hayan hecho en privado y no de manera pública. ‘‘Ya tienen un acuerdo previo. Es claro que buscan imponer el dictamen’’.