La Contraloría General del Distrito Federal concluyó la investigación administrativa y una auditoría relacionadas con la línea 12 del Metro, en las que se encontraron elementos para determinar presuntas responsabilidades de servidores públicos en irregularidades en el proceso constructivo de la obra, que llevaron a la suspensión parcial del servicio, señaló el titular de la dependencia, Hiram Almeida Estrada. Agregó que están por cerrar otras tres auditorías.

En entrevista, dijo que en breve dará a conocer un primer informe sobre las irregularidades detectadas, toda vez que en el caso de la investigación administrativa se está en el proceso de notificación de las probables responsabilidades de los involucrados, mientras que en la auditoría se está a la espera de que los organismos responsables informen si pueden solventar las observaciones realizadas, siempre en el marco de la legalidad, para entonces imponer las sanciones correspondientes.

Se trata de la investigación iniciada por la queja que presentó el director del Sistema de Transporte Colectivo (SCT), Joel Ortega Cuevas, por defectos en la construcción de la llamada línea dorada, la cual fue angulada con información obtenida de otras quejas, la pesquisa que realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las declaraciones de 57 personas involucradas en este caso.

También se concluyó la auditoría 17G, relacionada también con la planeación y el proceso constructivo de la obra, pero falta por concluir tres iniciadas este año: las 24G, 18G y 5G, relacionadas con distintos temas, como la renta de los trenes, en las que, advirtió, todas pasan por procedimientos de responsabilidad.

Tenemos una investigación que revisa desde el origen hasta la conclusión del proyecto de la línea 12. En todas y cada una de sus etapas hemos construido una línea de tiempo y de actividad. Por ejemplo, tenemos los tiempos de planeación, programación, presupuesto, hasta los temas constructivos y la conclusión de todas estas etapas, explicó Almeida Estrada.

Señaló que ha sido una investigación y auditorías exhaustivas en las que se ha revisado todo el proceso constructivo, que inició desde 2007, lo que conlleva distintas etapas técnicas, administrativas y jurídicas, realizando un trabajo profesional para generar las posibles responsabilidades, pero también resolver los temas que sean susceptibles de mejora del mismo proyecto.