En el país se realizan el doble de cesáreas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que del total de nacimientos al año, 38.1 por ciento se producen por esa vía, dijo Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres).

En entrevista, recordó que México ocupa el cuarto lugar a escala mundial –debajo de China, Brasil y Estados Unidos– en la práctica de cesáreas sin indicación médica.

Dijo que en los últimos 12 años los nacimientos por cesárea se incrementaron 33.7 por ciento en el sector público y 60.4 en el privado. Su práctica indiscriminada es una inadmisible expresión de la violencia obstétrica de que son objeto las embarazadas.

Destacó que el problema se agrava en mujeres pobres e indígenas que viven en zonas vulnerables, ya que son las que más sufren este tipo de agresión, que lesiona sus derechos humanos y reproductivos.

Es una inadmisible forma de discriminación y un trato deshumanizado que debe atenderse de manera urgente, haciendo uso de todos los medios para garantizar los derechos de las mujeres durante la atención de su embarazo.

Lamentó los casos que se han dado a conocer en las semanas recientes, que muestran a mujeres dando a luz en el pasto, en las banquetas o en las salas de espera de clínicas u hospitales, los cuales, manifestó, son apenas la punta del iceberg de la violencia obstétrica.

Hay muchos factores que determinan el aumento de las cesáreas. Por un lado, en el sector privado se debe a cuestiones o propósitos generalmente económicos (ya que es más costoso realizar una cirugía que un parto natural), mientras en las instituciones de salud pública responde a la saturación, pues los médicos ven esta opción como un proceso más rápido y las mujeres ocupan menos tiempo una cama.

Agregó que desde el Inmujeres se trabaja con los coordinadores de asuntos jurídicos estatales para hacer visible el problema, a fin de generar mecanismos de evaluación y seguimiento de los casos de violencia obstétrica en el país, para posteriormente presentarlos a las autoridades de salud.

Se debe divulgar el trato deshumanizado, que va desde regaños y humillaciones hasta la negación de la atención médica a que se enfrentan las mujeres en parto, lo cual constituye una larga cadena de violaciones a los derechos humanos, la cual debe cesar, abundó.