e pronto el juez Thomas Griesa, que estuvo apoyado por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, ha hecho un ligero giro aparentemente extraño en la conducción del proceso que pretende hundir a los argentinos en una cesación de pagos y en un caos infernal a su economía, con la demanda de pago de unos fondos buitres gringos y sus implicaciones financieras al conjunto de la deuda restructurada por Argentina.

Ahora Argentina está en recesión y con una inflación de 34.9 por ciento anual, pero no se encuentra al borde de un colapso, como en 2000-01, que llevó a la restructuración de una deuda del orden de 100 mil millones de dólares. Nueve o siete por ciento, según fuentes distintas, no entraron en la restructuración, sino en litigio y de ahí derivaron los buitres que hoy quieren cobrar sus bonos al 100 por ciento, más intereses, de una deuda ilegítima (véase la Sentencia Olmos).

En su inicio, Griesa se mostró como un “ buitre desalmado”, pero de pronto el letrado ha tomado una posición que disgusta a los abogados buitres que ven Argentina como carroña.

El asunto apunta a convertirse en una maraña jurídica, a menos que los buitres en algún momento prefieran una mala negociación, pero pronto (en relación con sus pretensiones), y no un buen pleito con resolución incierta.

Todo parece haber empezado con un alfil que movió el gobierno argentino: la semana pasada hizo un depósito en el Bank of New York, en una cuenta que éste tiene en la banca central argentina, en favor de unos de los acreedores que sí entraron en la restructuración, para pagar un vencimiento que ocurrió ayer lunes. Los fondos buitres reviraron solicitando una audiencia con Griesa. Los abogados de los buitres calificaron la iniciativa argentina como una violación de la decisión judicial, que “ordenaba pagarles a los holdouts” ( fondos buitres), al tiempo que a los acreedores restructurados; dijeron que Argentina actuó desafiante y con desprecio. Simplemente ignoraron la orden del tribunal pensando que podían salirse con la suya.

Griesa impidió el viernes que Argentina pagara ese tramo de su deuda restructurada, considerando ilegal el depósito de dinero para ese fin y sugirió que los fondos sean devueltos al gobierno de la presidenta Kirchner. Dijo, además, que cualquier nueva tentativa de Argentina de efectuar estos pagos sin abonar primero a los acreedores litigantes será considerado un desacato a la decisión de la corte.

Los buitres pretendían hacer valer una reinterpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) para forzar ayer una definición más dura de Griesa. Algunos analistas esperaban que Griesa dictaminara un desacato de Argentina, o embargara los fondos que tuviera en cualquier parte del mundo. Pero Griesa abrió un interrogante: no tomó ninguna de las alternativas que el establishment buitre esperaba que tomara.

“Al tomar esa medida –dijo el gobierno argentino en un comunicado refiriéndose a la congelación del depósito que efectuó–, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la restructuración no son el objeto de litigio, sino los del ‘megacanje’ que cayeron en default en 2001.” Argentina se propone, a través de un recurso jurídico, mostrar o denunciar que el juez Griesa le está impidiendo pagar oportunamente a sus acreedores, alegando, además, que había pagado un vencimiento y que ese pago no es reversible bajo ninguna ley.

De otra parte, el ex ministro de Economía y padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo, declaró ayer, en calidad de procesado, en el juicio por la operación de megacanje de deuda realizada hacia el final del gobierno de que formó parte, y así la maraña jurídica (que todo lo paraliza), va in crescendo.

El gobierno argentino, en adición, está politizando rápidamente la iniciativa buitre. Solicitó su incorporación a los BRICS. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó a Argentina de uno de los socios claves de Moscú en América Latina y anunció que visitará el país el mes que viene. La llegada de Putin a Buenos Aires para mantener una reunión bilateral con su par Cristina Fernández se suma a la ya prevista con el mandatario chino, Xi Jinping, que tendrá lugar con pocos días de diferencia. En tanto el presidente José Mujica, de Uruguay, dijo que lo que busca el capital financiero es el petróleo de Argentina.

El Grupo de los 77 países en desarrollo (G-77) + China, por su parte, envió una carta al juez Griesa, a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y al secretario de Estado, John Kerry, en la que expresaron su plena solidaridad y apoyo a Argentina frente a la negociación con los fondos buitres, y Evo Morales dijo que con este fallo la criminalidad financiera transfronteriza y los especuladores no sólo pretenden provocar nuevas crisis financieras en los países de la región, sino conducir de nuevo hacia proyectos políticos de privatización de empresas públicas rentables y al saqueo de recursos naturales.

Por supuesto, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) ya se expresó en el mismo sentido, y la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, planteó el pasado jueves la necesidad de establecer un mecanismo internacional que permita resolver los conflictos de intereses suscitados por defaults soberanos, más conocidos como fondos buitres. A pesar de todo, el buitre puede dar un manotazo en la mesa.