Legisladores y líderes de organizaciones sociales se manifestaron en contra de la creación de las normas 30 y 31 para fomentar la construcción de viviendas de interés social y de interés medio y alto, ya que, en su opinión, sólo se beneficiaría a los grandes desarrolladores inmobiliarios y no a los sectores más vulnerables de la población. Se pronunciaron en favor de que se mantenga la norma 26, pero con ajustes que la hagan más estricta en su cumplimiento.

Para la diputada local del PRD Dinorah Pizano, con ese proyecto de ley –enviado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)– se pretende tener “un instrumento de inversión privada para ayudar a un sector inmobiliario y corromper a las autoridades delegacionales, lo cual merma la tranquilidad y patrimonio de los ciudadanos.

“Con la norma 30 y 31 se pasa de un menú de dos platillos (vivienda social y popular) a un banquete ‘a la carta’ para saciar el hambre del empresariado constructor”, afirmó la legisladora del PRD.

Por ello, propuso retomar el origen de la norma 26, cuya finalidad es incentivar la producción de vivienda sustentable de interés social y popular, hacer efectivo el derecho humano a la vivienda digna y respetar los derechos de los ciudadanos y el desarrollo urbano de la ciudad.

Lo que se tiene que evitar es el abuso de las inmobiliarias, y tal vez habría que revisar las reformas que se hicieron en 2010, las cuales permitieron y facilitaron la violación a la norma 26.

Añadió que las normas 30 y 31 ofrecen una lista de más de 600 colonias que permitirían construir edificios en prácticamente cualquier predio y vender el suelo al mejor postor, lo cual pasaría por encima de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y cualquier lógica de desarrollo urbano sustentable en beneficio de todos los capitalinos.

Las normas 30 y 31 permitirían incrementar la altura de las construcciones, al margen de los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, y reduciría los porcentajes de áreas libres y el número de cajones de estacionamiento requeridos.

Al respecto, Jaime Rello, de la Asamblea de Barrios, aseguró que son los desarrolladores inmobiliarios los que presionan mucho para que la ALDF apruebe ambas normas, pero bien podría seguir operando la 26, con modificaciones, y siga como la norma de producción social de vivienda que atienda a la gente de menos recursos, que es la mayoritaria en el DF.

Guadalupe Escobar, del Congreso Popular, Social y Ciudadano de la Ciudad de México, agregó que es fundamental que se haga una consulta ciudadana, porque nada más están tomando en consideración a los empresarios inmobiliarios y no a los grupos más vulnerables.