Las advertencias de Enrique Peña Nieto sobre la escasez de agua en el país y el anuncio de que México colaborará en un pacto para la seguridad hídrica mundial contrastan con los intentos de su gobierno de garantizar el abasto del líquido sólo a empresas privadas y seguir impulsando actividades económicas contaminantes, advirtieron especialistas en el tema.

Silvia Emmanuelli, coordinadora en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, puso en duda la preocupación del mandatario, tomando en cuenta que su administración no ha promovido la recuperación y el reciclaje del agua entre las grandes industrias ni otras medidas necesarias.

Tendrían que revisarse las concesiones, respetando el derecho humano al agua establecido en el artículo cuarto constitucional, el cual dice que hay que dar prioridad al uso doméstico y personal de este recurso y a la agricultura de subsistencia, indicó.

Sin embargo, en vez de garantizar este principio, el gobierno de Peña Nieto –por medio de la Comisión Nacional del Agua—ha planteado la necesidad de modificar la Ley de Aguas Nacionales con el fin de seguir explotando este recurso de manera irresponsable en beneficio de las empresas privadas, dijo.

“No hay criterios de sustentabilidad, no hay recolección de agua de lluvia, no hay políticas de reciclaje, y a pesar de eso (el mandatario) dice que hay que hacer fracking y abrir más minas, con el argumento de que es una actividad prioritaria, lo cual es una contradicción”, alertó.

Nathalie Seguin, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua, consideró por su parte que la única forma de garantizar la seguridad hídrica es respetando el ciclo natural del agua, con gestión responsable de las zonas de infiltración del líquido y protegiendo los cuerpos de agua para frenar su contaminación.

En sentido contrario a estos principios, el gobierno de Peña Nieto ha permitido, mediante la Ley de Aguas Nacionales, que continúe la crisis ecosistémica en la que nos encontramos, que ha llevado a la sobrexplotación de los 130 principales acuíferos y a la contaminación de 90 por ciento de todas sus fuentes de líquido.

“Lo que está haciendo es preparar a los medios para anunciar la nueva ley de aguas, que implica la privatización de los servicios de agua potable, mantener las concesiones sin ningún tipo de regulación, permitir el fracking y hacer infraestructura para grandes transvases”, consideró.