ientras buena parte de los reflectores mediáticos se dirigen hacia la situación de ingobernabilidad y descontrol imperantes en estados como Michoacán y Tamaulipas, en Morelos, la cuota diaria de homicidios, secuestros y agresiones sexuales mantiene a esa entidad como una de las más peligrosas del país, según se desprende de indicadores oficiales referidos en esta edición.

La circunstancia descrita ha generado tal exasperación entre la población de esa entidad, que en meses recientes se generaron movilizaciones de protesta contra el gobierno de Graco Ramírez; éste, por su parte, ha desatendido las demandas e incluso las ha descalificado como parte de una conjura de sus adversarios políticos.

Con independencia de la intromisión de opositores a la administración estatal en las protestas referidas, debe señalarse que éstas tienen, como elementos de contexto insoslayables, un conjunto de fehacientes demostraciones de incapacidad de los recientes gobiernos de la entidad para hacer frente a la crisis de seguridad y a la espiral de violencia que se padece cotidianamente en Morelos. El paroxismo de violencia surgido durante las administraciones priístas de finales del siglo pasado se agudizó durante las gestiones de Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo, durante las cuales se multiplicaron los señalamientos de presunto encubrimiento del Ejecutivo local a los cárteles que operan en ese territorio.

El hartazgo ciudadano frente a las demostraciones de esa incapacidad fue uno de los principales motores para que se diera una alternancia más en el gobierno morelense, esta vez en favor de uno emanado de la izquierda partidista, el de Graco Ramírez. Sin embargo, los supuestos iniciales de mejoría han ido tornándose en desesperanza y frustración, y el titular del Ejecutivo estatal se ha demostrado incapaz de contener los fenómenos delictivos que ocurren en los municipios morelenses.

Ciertamente, habría sido impensable que la problemática de seguridad en esa entidad se resolviera en los 18 meses de la actual administración, pero cabía esperar que un gobierno que se dice de izquierda, como el actual, emprendiera un giro en la concepción de las estrategias para combatir a la delincuencia y garantizar la seguridad pública, empezando por atender las causas originales de la criminalidad, que son de índole económica, social e institucional.

La falta de voluntad oficial para adoptar una visión sensata e integral en el combate a la inseguridad no sólo se evidencia con descalificaciones tan inoportunas como las que ha formulado el gobierno morelense contra sus críticos, sino que se traduce, de forma mucho más cruda, en los miles de muertes, secuestros y agresiones sexuales que se han dado en años recientes en ese territorio, y en un incremento de la percepción generalizada de zozobra, temor y desesperación entre la población.

Bien haría el actual gobierno de Morelos –uno de los más cercanos al Ejecutivo federal– en verse reflejado en el espejo de Michoacán, donde los poderes soberanos han sido borrados por efecto de una intervención presidencial que, de cualquier manera, no ha servido para restablecer el estado de derecho.