A pedido del Comité Revolucionario Indígena de la Comunidad de Zapotitlán de Méndez (Criczm), ubicada en la Sierra Norte de Puebla, personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró, el 25 de junio, los trabajos de extracción de material pétreo del río Zempoala que desde hace meses venía realizando ilegalmente la empresa Trasecol SA de CV, debido a que no se consultó a la comunidad para la explotación de sus recursos naturales, además de que carecía de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) informó lo anterior y detalló que la decisión de clausura se tomó después de una reunión entre integrantes del Criczm y funcionarios de la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat, realizada en las oficinas de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, cuyo titular, Jaime Martínez Veloz, moderó la reunión.

El Criczm reclamó las violaciones a los derechos indígenas cometidos por dicha empresa, en complicidad con funcionarios de diversos niveles del gobierno del estado de Puebla, lo que se demuestra porque en dicha reunión funcionarios de la Profepa confirmaron que la citada empresa carece de MIA, mientras que la Conagua reconoció que también carece de concesión para extraer material pétreo. Ambas instancias, junto con la Semarnat, coincidieron en que son ilegales las actividades de dicha empresa, y aun así fuimos hostigados por la policía estatal de Puebla, la que abrió la planta que había sido clausurada por la comunidad, a partir de entonces reinician el saqueo de material del río Zempoala.

El comité indígena informó de los presupuestos autorizados para dos obras a cargo de dicha empresa, “donde aparentemente utiliza el material pétreo y el asfalto que produce su ilegal actividad. En la rehabilitación de la carretera interserrana, tramo Ateno-Zapotitlán de Méndez (11 km) 41.5 millones de pesos. En la carretera Nauzontla-Zoquiapan (8 km) cerca de 22 millones de pesos, obras ejecutados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

La organización informó que los funcionarios se comprometieron a impulsar la consulta a la comunidad indígena antes de emitir la MIA y la concesión, pero considerando las violaciones cometidas por dicha empresa dificulta y prácticamente anula cualquier posibilidad. No obstante, señaló, se adoptó una ruta de atención del problema, así como impulsar compromisos en acciones concretas, lo que se traducirá en un convenio.